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Sala de lo Constitucional desmiente a Bukele

Nayib Bukele aseguró en cadena nacional que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia negoció la ley de cuarentena. Sin embargo, la Sala dice: "no se conoció, ni se elaboró o diseñó ningún proyecto de ley".

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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha emitido un comunicado vía Twitter tras las declaraciones del presidente Nayib Bukele -en cadena nacional- donde aseguraba que los magistrados habían negociado la ley de cuarentena junto a partidos políticos y otros actores.

Ante ello, la Sala ha desmitido las aseveraciones del Presidente y ha dicho: "La Sala en pleno atendió, una única invitación girada por la presidencia. En esa reunión, no se conoció, ni se elaboró o diseñó ningún proyecto de ley".

En esta misma aclaración, la Sala ha dicho que sí asistieron -el 27 de abril- a una invitación única hecha por la presidencia donde se escuchó: "La exposición por parte del presidente, Nayib Bukele sobre la situación y desarrollo de la pandemia y de la necesidad que tenía el órgano ejecutivo para combatirla". Luego de ello, según los magistrados, reiteraron que cualquier limitación de derechos solo se podía realizar a través de una ley formal. 

Organizaciones de la sociedad civil se pronuncian ante el incumplimiento de la sentencia de la Sala de parte del gobierno 

 
Gobierno responsabiliza a la Sala de dejarlos sin ningún instrumento jurídico para proteger el país

Acción Ciudadana, el Centro de Estudios Jurídicos, el Instituto Iberoamericano de Derecho, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social y otras entidades se han pronunciado ante el desacato de la sentencia 21-2020 emitida por los magistrados de la Sala de lo Constitucional de parte del gobierno. Esto luego de que el ejecutivo emitiera el decreto 31, una medida para regular la reapertura económica gradual desde el martes 16 de junio.

"Esas medidas, aunque son necesarias para proteger la salud, según lo ordenado por la Sala de lo Constitucionaldeben ser decretadas por la Asamblea Legislativa, pues se traducen en una restricción a los derechos constitucionales a la libre circulación y a la libertad económica", dice el comunicado emitido por la organizaciones.

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