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Sala de lo Constitucional pide evaluar prisión de casos especiales por riesgo covid-19

Magistrados dicen que autoridades deben considerar la vulnerabilidad al coronavirus de reos adultos y presas embarazadas.

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1Plan. La Sala de lo Constitucional ordenó que el director de la Granja Penitenciaria de Izalco, una cárcel de El Salvador con madres reclusas, que implemente medidas para proteger del contagio a reas.

1Plan. La Sala de lo Constitucional ordenó que el director de la Granja Penitenciaria de Izalco, una cárcel de El Salvador con madres reclusas, que implemente medidas para proteger del contagio a reas.

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Karen vive el noveno mes de embarazo en una prisión. Su mayor temor es exponerse al contagio del nuevo coronavirus, sobre todo por su bebé, porque considera que en la Granja Penitenciaria de Izalco (Sonsonate), donde pasa los días a la espera del juicio en su contra, no existe un plan de prevención de la enfermedad que ya provocó medio centenar de muertes en el país.

La pandemia del coronavirus dejó a la deriva su situación jurídica. En abril sería la audiencia que definiría si es inocente o culpable del delito de posesión y tenencia de drogas, pero el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador la suspendió por la emergencia sanitaria que enfrenta el país desde marzo. Su abogado ha intentado que el tribunal evalúe la prisión provisional de Karen (nombre cambiado), pero le han rechazado las solicitudes.

Ayer, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia informó que admitió la demanda de Habeas Corpus 463-2020, a favor de Karen; y nombró a José Rodolfo Meléndez González, juez del Juzgado Segundo de Sentencia de Zacatecoluca (La Paz), como el encargado de recabar información sobre la situación de la afectada. El Tribunal Tercero de Sentencia debe aclarar los señalamientos.

En la resolución los magistrados ordenaron al tribunal evaluar "con urgencia" si procede liberar a Karen con medidas alternas a la cárcel mientras espera el juicio. Deben tomar en cuenta la perspectiva de género, el estado de gestación, la naturaleza del delito, las condiciones del penal donde está recluida y el riesgo que representa el coronavirus para los grupos de reos vulnerables, sobre todo los adultos mayores y embarazadas como ella.

La Sala aprovechó la demanda para pedir a jueces y magistrados, tanto penales como penitenciarios, que analicen esas condiciones a la hora de definir si un imputado adulto mayor o embarazada debe permanecer detenido a pesar del riesgo del coronavirus. Y les recordó que el Órgano Judicial debe seguir trabajando.

"Deben adoptarse medidas que incluyan la reevaluación de los casos de prisión preventiva especialmente en los casos relacionados con poblaciones consideradas de riesgo ante el contagio del covid-19 –personas adultas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes–", se lee en la resolución.

En marzo, la Dirección General de Centros Penales presentó a la CSJ un plan para liberar a 557 reos en condición de vulnerabilidad ante el riesgo de contagio de la covid-19, enfermedad provocada por el coronavirus. Pero la institución se retractó porque consideró que la propuesta fue usada para dañar su imagen.

Hasta ayer, la DGCP reportó 141 reos y 20 empleados con covid-19. Ninguno en la granja donde está Karen. La Sala ordenó al director de esa prisión, única con reclusas madres en el país, que tome medidas y le informe el plan de protección.

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