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Sala de lo Contencioso de la Corte extravió 35 expedientes

Un magistrado confirmó que tuvieron que reponer uno de los procesos extraviados. El funcionario aceptó que la sala tiene problemas de archivo por el volumen de casos. Entre los casos hay unos de impugnación de tributos.

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Una auditoría realizada entre enero y septiembre de 2015, a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y publicada el año pasado, reveló que los auditores no encontraron en físico 35 expedientes de procesos conocidos por dicho tribunal.

La Sala de lo Contencioso Administrativo es el máximo tribunal para solventar problemas entre ciudadanos y el Estado, o dentro del Estado mismo, que emanen de actos administrativos, es decir, decisiones tomadas en nombre de la función pública y que generen efectos jurídicos en las personas.

La Dirección de Auditoría Interna de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) señaló inicialmente que los auditores no encontraron los documentos físicos de 47 expedientes que se habían registrado en la Sala de lo Contencioso Administrativo. Tres meses luego de que se realizó la auditoría, la sala emitió un escrito en el que aseguró que los auditores no encontraron los documentos probablemente porque el proceso de revisión “implicó movimientos físicos del personal, mobiliario y documentos, entre los que se encontraban los expedientes judiciales”.

En el escrito la sala aseguró que ya había encontrado 12 de los documentos extraviados y se comprometía a buscar los 35 restantes, los cuales datan desde 2005 hasta 2015.

El magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo Sergio Luis Rivera Márquez admitió que esta sala tiene un problema recurrente de control de su archivo, al punto que uno de los expedientes administrativos señalado como extraviado en la auditoría nunca fue localizado y tuvieron que reponerlo en su totalidad.

El magistrado aseguró que no recordaba cuál fue el expediente que se repuso. “La sala tiene, cuando llegamos había más de 2,400 casos sin sentencias, hay un montón de casos en ejecución, entonces naturalmente en ese mar de casos pendientes algunos se habían extraviado, estaban perdidos... Con los expedientes administrativos sí habíamos tenido ese tipo de problemas, de hecho quizás el tema es que en ese mar de casos en trámite obviamente el cambio de personal, no ha dejado de haber ese problema”, admitió el funcionario.

LA PRENSA GRÁFICA logró identificar la temática de ocho de los 35 expedientes. Seis de ellos tenían como parte demandada a concejos municipales, uno al Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) y otro al Tribunal del Servicio Civil.

Entre los casos que se extraviaron por un tiempo en el tribunal está una demanda interpuesta por la empresa Jumex contra una decisión de la Alcaldía de Nejapa. Según la resolución del tribunal, la comuna le puso una multa a la empresa por utilizar un pozo privado en sus instalaciones durante 2009. La empresa apeló la decisión, pero este recurso no fue admitido por la alcaldía. Los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo resolvieron en 2013 denegar la demanda de la empresa por haberla interpuesto fuera de tiempo.

Otro caso de los extraviados en el tribunal fue el proceso de la demanda interpuesta por el Banco Citi en contra de la Alcaldía de El Rosario, La Paz. En el proceso se describe que el banco evaluó como confiscatoria la imposición tributaria por $98,958.24 que mandó la alcaldía en 2008, debido a que Citi tenía un inmueble valorado en $12.2 millones en ese momento dentro de la jurisdicción del municipio.

En ese caso, los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo resolvieron declarar ilegal la imposición tributaria y ordenó a la alcaldía abstenerse de hacer el cobro administrativo, o de lo contrario le ordenó devolver el dinero cobrado.

Otro expediente extraviado fue el del proceso iniciado por Morataya Hermanos y Compañía de Capital Variable en contra de una decisión tomada por la Junta Directiva del ISTA en 2009. La demanda señala que el ISTA expropió la Hacienda Parras Lempa, ubicada en San Vicente, por la que pagó $490,659.10.

La empresa pidió al instituto que pagara como indemnización $166,679.33, cantidad que representa el “pago por tener derecho” que se obtiene de sumar la inversión comprobada en el inmueble, más intereses y el usufructo o provecho monetario de este. La sociedad también pidió que se le retribuyera el monto de las obligaciones crediticias que vinculaban al inmueble.

El ISTA se rehusó a realizar dicho y pago, y la Sala de lo Contencioso Administrativo falló a favor de la institución y señaló que la negativa a pagarle a la empresa era legal.

Entre los expedientes reportados como extraviados también se cuentan algunos procesos de empleados municipales que fueron destituidos o su plaza fue suprimida, los cuales fueron reinstalados por decisión del tribunal.

El magistrado Rivera Márquez dijo que una de las prioridades de la presente gestión de la Sala de lo Contencioso Administrativo es agilizar los procesos pendientes. Recientemente la Asamblea Legislativa aprobó una nueva ley de procedimientos administrativos que permitirá descentralizar el trabajo de la sala en entidades de primera y segunda instancia.

El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) ya empezó la capacitación de las personas que trabajarán en esa nueva jurisdicción.

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