Sala debe aclarar si militantes expulsados pueden optar por un cargo con otro partido

También están por resolver demanda sobre ampliar períodos de alcaldes y diputados.

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Foto de LA PRENSA/Archivo En estudio.  El magistrado González dijo que están por emitir sentencia sobre ampliar períodos de alcaldes y AL.

Foto de LA PRENSA/Archivo En estudio. El magistrado González dijo que están por emitir sentencia sobre ampliar períodos de alcaldes y AL.

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El magistrado Rodolfo González aseguró ayer, en una entrevista televisiva, que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe resolver próximamente sobre si una persona es tránsfuga si es expulsado de su partido y opta por una nueva institución política de cara a las elecciones.

González aseguró que el conflicto surge porque la sala emitió en marzo de este año una resolución que dice que cuando un alcalde es expulsado de su partido este no se considera tránsfuga si se pasa a otro partido.

Sin embargo, una reforma de ley que hizo la Asamblea plantea que los que sean expulsados de un partido y opten por otro luego de resolución de la sala sí son tránsfugas. El funcionario aseguró que el Tribunal Supremo Electoral ha pedido que se aclare ese punto y existe una demanda de inconstitucionalidad en estudio que va en contra de la reforma de la Asamblea.

“En nuestras resoluciones hasta marzo de este año no sería tránsfuga si lo expulsan. Tampoco avalamos, ni la de septiembre de 2013 ni marzo de este año, un verticalismo y una disciplina férrea del partido sobre su bancada o su alcalde. El diputado piensa por sí mismo y se debe a sus votantes”, expresó el magistrado.

El alcalde de San Salvador, y quien era candidato a la próxima elección, Nayib Bukele, fue expulsado del FMLN y aseguró que este próximo domingo hará público su futuro en la política.

González aseguró que ya hay un proyecto de resolución sobre el caso de la ampliación de los períodos de gestión de diputados y alcaldes, reforma constitucional que fue frenada de manera provisional por la sala.

El argumento esgrimido para frenar dicho acuerdo fue que el consenso político debe tomarse antes de un proceso electoral y no en la etapa de transición hacia una nueva legislatura, porque impide que los ciudadanos conozcan la postura de sus representantes respecto al tema.

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