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Sala declara inconstitucional el presupuesto y emite medidas para frenar despilfarro

La Sala inhabilita a la Asamblea a seguir entregando dinero del presupuesto a ONG. También prohíbe creación de nuevas plazas y contratación de seguros médicos privados.
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Sala declara inconstitucional el presupuesto y emite medidas para frenar despilfarro

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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) determinó que la distribución presupuestaria que estipula la Ley General del Presupuesto de este año es inconstitucional. Esto, debido a que el Gobierno no estipuló $430 millones necesarios para el pago de pensiones a los jubilados del IPSFA, el pago de la deuda del Gobierno con los fondos de pensión y la devolución de la renta a contribuyentes.
 
La Sala detectó que existe un aumento considerable del monto destinado al pago de salarios, por lo que ordenó frenar nuevas contrataciones y regular los pagos de escalafones. Los magistrados además le ordenan a la Asamblea que revise las remuneraciones de algunos funcionarios que le representen demasiado gasto al Estado.
 
Los magistrados acumularon dos demandas en el proceso, una que señaló la falta de recursos en las partidas ya mencionadas; y otra que argumentó que, al haber emisión de deuda de corto plazo en el presupuesto de este año, el plan de gastos debió aprobarse en la Asamblea Legislativa por 56 votos, y no con 43 como ocurrió. En este último punto, la sala no le dio la razón al demandante.

El tribunal ordenó que, al declarar inconstitucional el presupuesto, la Asamblea emita correciones a más tardar el 31 de octubre. Le ordena otras disposiciones: por ejemplo, inhabilita nuevas transferencias de fondos del presupuesto a ONG, y prohíbe la contratación de nuevos seguros médicos privados.

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La Sala anuló ayer los efectos legales de la reciente reforma a la Ley del Fondo de Obligaciones Previsionales (FOP), mediante la cual las Administradoras del Fondo de Pensiones (AFP) estaban obligadas a prestarle al gobierno hasta el 50% del total de los ahorros, lo que significaba que el gobierno iba a tener $500 millones de dólares adicionales para cumplir sus compromisos fiscales.

Los magistrados determinaron que dicha medida es contraria a la sentencia emitida en 2014, y que, por lo tanto, el techo máximo de inversión obligada es del 45 % de los ahorros.
 
 
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