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Sala decreta verificar legalidad de cada privación de libertad durante cuarentena domiciliar y regresar a viviendas a los que estén en sedes policiales

La resolución de la Sala llega mediante la admisión a trámite de un recurso de habeas corpus presentado por un ciudadano a favor de tres mujeres que fueron "aprehendidas por agentes de la Policía Nacional Civil" el domingo 22 en el municipio de Jiquilisco (Usulután) mientras se encontraban realizando compras en el mercado local para proveerse de alimentos y medicinas.

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Durante la cuarentena domiciliar solo se permite circular para adquirir provisiones o trabajar en los rubros autorizados. Foto: cortesía/PNC

Durante la cuarentena domiciliar solo se permite circular para adquirir provisiones o trabajar en los rubros autorizados. Foto: cortesía/PNC

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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decretó que se verifique si son legales cada una de las privaciones de libertad hechas desde el sábado 21 de marzo contra personas que supuestamente circulaban sin justificación, durante la cuarentena domiciliar de 30 días ordenada por el Gobierno para prevenir contagios de coronavirus.

Esto deberá hacerse luego que la Sala decretó "auto de exhibición personal" a favor de todos ellos. Según la Ley de Procedimientos Constitucionales de El Salvador, "en todos los casos, sean cuales fueren, en que exista prisión, encierro, custodia o restricción que no esté autorizado por la ley, o que sea ejercido de un modo o en un grado no autorizado por la misma, la parte agraviada tiene derecho a ser protegida por el auto de exhibición de la persona". Esto significa que la persona detenida debe ser llevada ante un juez o autoridad y se debe explicar las razones por las que "está reducida a prisión, encierro o restricción".

La resolución de la Sala llega mediante la admisión a trámite de un recurso de habeas corpus presentado por un ciudadano a favor de tres mujeres que fueron "aprehendidas por agentes de la Policía Nacional Civil" el domingo 22 en el municipio de Jiquilisco (Usulután) mientras se encontraban realizando compras en el mercado local para proveerse de alimentos y medicinas.

Según el recurso presentado y el comunicado de la Sala, las tres mujeres se encuentran retenidas en las instalaciones policiales de la localidad "sin que se defina su situación jurídica, se les proporcione alimentos y sin fundamento legal para su detención". La demanda expone que "tales personas eran las responsables en sus grupos familiares de la provisión de alimentos y productos farmacéuticos" y se les viola sus derechos constitucionales de libertad e integridad física, indicó la Sala.

Además, la resolución de la Sala dice que las personas que sigan detenidas  en dependencias judiciales o administrativas "distintas a un sitio acondicionado de cuarentena sanitaria" deben ser "inmediatamente conducidas a sus viviendas o lugares de residencia, para que cumplan ahí obligatoriamente la cuarentena domiciliar ordenada por el Gobierno". Explica que las dependencias judiciales y policiales no cumplen las condiciones mínimas requeridas por la Constitución para un internamiento forzoso con fines sanitarios.

Aclara que las personas retenidas que ya han sido llevadas a sitios acondicionados para contener la pandemia de coronavirus deben permanecer en esos lugares porque "pueden haber estado en contacto con fuentes de contagio"; pero ordena a las autoridades a brindar un trato digno y atención adecuada a esas personas.

Esta semana, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) pidió al Gobierno un mínimo de organización para hechar a andar el decreto 12 y llevar a las personas retenidas a centros de contención adecuados, y no mantenerlos en instalaciones policiales porque no han sido infractores de un delito.

Hasta este viernes por la mañana han sido retenidas un total de 708 personas, informó el ministro de Justicia y Seguridad Rogelio Rivas. Todos los casos deberán ser revisados.

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