Sala desestima demanda por derecho de respuesta

Concluyó que LPG no vulneró derecho a exsubdirector de ANSP
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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) desestimó ayer una demanda presentada por el exsubdirector de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) Rafael González Garciaguirre contra LA PRENSA GRÁFICA.

El exsubdirector de la ANSP recurrió a la sala por publicaciones de este periódico respecto a anomalías en el ascenso de 23 oficiales de la séptima promoción de nivel ejecutivo de la ANSP, cuando Garciaguirre fungió como director interino. El exfuncionario sostuvo que se le había vulnerado sus derechos a respuesta y al honor, pero la sala constató que Garciaguirre fue consultado y su versión se incluyó en el desarrollo de la investigación periodística.

“La referida publicación propició el derecho de los ciudadanos a recibir información, lo cual, a su vez, les brindó la oportunidad real de exigir a las instituciones competentes que realizaran las investigaciones necesarias para determinar la veracidad de las referidas informaciones”, concluyó la Sala de lo Constitucional.

La sala también estableció que González Garciaguirre esperó hasta 2010, es decir cinco años después de la primera publicación, para pedir derecho de respuesta a este periódico.

Arístides Perla, apoderado legal de este periódico, comentó ayer que la sala recuerda en esta sentencia cuáles son los parámetros que se deben seguir para pedir el derecho de respuesta. “No es de forma antojadiza o por una forma caprichosa. Cuando se solicita tal derecho no debe contener expresiones calumniosas, injuriosas o difamantes. La sala dice que el ejercicio de tal derecho no se debe poner como un instrumento para polemizar”, refirió Perla.

Además, el abogado considera que “esta resolución fortalece la investigación periodística y el sometimiento de los funcionarios al escrutinio público”. Los funcionarios públicos, recordó la sala, están sometidos “a las críticas provenientes de los diferentes sectores de la población en torno a sus decisiones y a la manera en que ejercen sus funciones y administran los bienes del Estado”, según se lee en la sentencia.

“La resolución conlleva a una victoria de la libertad de información y de prensa en el país”, concluyó Perla.

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