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Sala estudia consulta popular para reformas a la constitución

Hay dos demandas contra reformas constitucionales (la de ampliación de períodos y la relacionada con el matrimonio), que apuntan a que diputados obviaron consulta ciudadana.
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Sala estudia consulta popular para reformas a la  constitución

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El argumento acerca de que la población salvadoreña debe participar en las reformas a la Constitución de la República ha vuelto a aparecer. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) estudia dos demandas contra reformas constitucionales distintas, en las que se plantean que los cambios a la Constitución requieren consulta popular.

En julio pasado, la sala admitió una demanda que impidió a la Asamblea Legislativa ratificar la reforma constitucional para ampliar el periodo de los diputados y los municipales de 3 a 5 años.

Los magistrados de la sala recién recibieron esta semana una extensión de la demanda de inconstitucionalidad, que busca legalizar el matrimonio homosexual. En dicha extensión, el demandante solicita que la sala emita una medida cautelar para imposibilitar la moción del partido ARENA de ratificar la reforma constitucional, que únicamente reconoce el matrimonio entre hombre y mujer “así nacidos”.

Tanto la demanda contra la reforma constitucional que amplió los períodos de funcionarios, como la que busca que se reconozca el matrimonio igualitario, apuntan a un mismo vicio de procedimiento de la Asamblea Legislativa: que no permitió la participación de la sociedad salvadoreña en los proyectos de reforma.

Según los demandantes, obedeciendo a que toda reforma constitucional debe ser aprobada por una legislatura y ratificada por la siguiente, los diputados aprobaron las dos reformas constitucionales en el período de transición, luego de las elecciones de 2015, lo que imposibilita la participación ciudadana en el proceso de reforma, pues la ciudadanía no tuvo la oportunidad de conocer las propuestas de los diputados electos sobre la posible ratificación de una reforma.

“El demandante señala que el 1.º de marzo del 2015 se realizaron elecciones legislativas y que el 23 de abril del 2015 (dos meses después de la elección de diputados y a siete días de la conclusión de las funciones de la legislatura 2012-2015) se aprobó el acuerdo número 3, que contiene la modificación al período de los diputados y concejos municipales (de 3 a 5 años). Con ello, se habría privado al pueblo salvadoreño de pronunciarse sobre el tema de la reforma constitucional”, se lee la resolución de la sala emitida en julio pasado por la demanda de ampliación del período legislativo.

El escenario descrito por la sala en su resolución es el mismo que ocurrió durante la plenaria del 16 de abril del 2015 cuando, un mes y medio después de la elección y a pocos días de que asumiera la nueva legislatura, los diputados aprobaron la reforma constitucional para que el Estado salvadoreño solo reconozca los matrimonios heterosexuales.

Según la demanda que busca legalizar el matrimonio homosexual, lo anterior es violatorio de lo emitido en la sentencia número 7-2012, en la cual la Sala de lo Constitucional explicó a detalle el procedimiento de reforma constitucional, dejando claro que “si el acuerdo se toma después de la fecha de votación (de elección popular), no será válida”.

Sidney Blanco, magistrado de lo Constitucional, explicó este jueves que debido a que ambas demandas señalan que la reforma constitucional debe ser precedida por una consulta popular, la sala acordó resolver sobre el fondo de lo solicitado en la demanda que se muestra en contra de la ampliación de los períodos de funcionarios legislativos y municipales.

“Lo que pasa es que esta (la referida al matrimonio), de la que no queremos extendernos mucho, dijimos que la íbamos a ver tras haber sentenciado un caso parecido al motivo que plantea, y es la ampliación del período de los diputados, lo mismo están reclamando, que las reformas constitucionales tienen que pasar por consulta popular”, afirmó Blanco.

El magistrado Belarmino Jaime explicó, por su parte, que la medida cautelar solicitada en el caso del matrimonio se basa en que si los diputados ratifican el acuerdo, la sala ya no podría conocer el proceso.

Demandante: reforma viola derechos

La demanda en pro del matrimonio homosexual señala, además, que el acuerdo de reforma constitucional viola el procedimiento establecido por la jurisprudencia de la sala y atenta contra varios elementos del derecho.

Según el demandante, si se ratifica la reforma constitucional que deja afuera matrimonio entre personas del mismo sexo, se estaría transgrediendo el artículo 3 de la Constitución de la República, el cual “ha sido interpretado por la sala y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de incluir a la orientación sexual como causal de no discriminación”, lo cual se justifica en la sentencia 18-2004 emitida por el tribunal constitucional de El Salvador.

Además, la demanda establece que además impedir a homosexuales contraer matrimonio les impide gozar de 26 garantías y 12 derechos fundamentales. Esto, a juicio del abogado, estaría en contra de la normativa internacional vinculante vigente y del compromiso de El Salvador con la Convención Interamericana de los Derechos Humanos.

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