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Sala ignora pedido de recusación en caso CCJ

Legislativo y Ejecutivo no logran convencer a jueces para que dejen proceso.
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La Sala de lo Constitucional ignoró a la Asamblea Legislativa y al Ejecutivo en sus peticiones de recusación contra cuatro de sus magistrados que conocen un recurso de inconstitucionalidad contra competencias de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), con sede en Managua, Nicaragua.

“Declárase sin lugar la recusación solicitada en este proceso por la Asamblea Legislativa y por el presidente de la República”, dice la sala en su notificación, que fue leída en la pasada sesión plenaria.

La resolución es firmada por los magistrados Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Edward Sidney Blanco y Rodolfo González, a quienes el Legislativo y Ejecutivo les pedía su recusación por haber actuado como parte interesada y jueces en este caso.

Los cuatro jueces tomaron protagonismo en el marco del enfrentamiento que el congreso sostuvo con la sala a mediados del año pasado –y que salpicó al Ejecutivo– tras la anulación de la elección de magistrados realizada por los diputados en 2006 y 2012.

La sala conoce actualmente un recurso que busca declarar inconstitucional el artículo 12, inciso 5, del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA). Aquí se habla que la CCJ forma parte del sistema de la integración centroamericana.

Asimismo, en el recurso se le pide a la sala que declare ilegal el artículo 22, letra “f”, del estatuto de la CCJ. Este dice que es competencia de la CCJ “conocer y resolver a solicitud de agraviado de conflictos que se puedan surgir entre poderes u órganos fundamentales de los Estados, y cuando de hecho no se respeten los fallos judiciales”.

Integrantes de la Asamblea Legislativa presentaron, en junio de 2012, ante la CCJ un recurso con el que buscaba revertir los fallos de la sala que declararon ilegales los nombramientos de magistrados ocurridos en abril de 2006 y abril de 2012.

La CCJ al final falló a favor del congreso; sin embargo, si bien este dijo que lo acataría, terminó eligiendo nuevamente a los magistrados que fueron declarados ilegales por los jueces de la sala.

La sala, tras declarar sin lugar la recusación solicitada por el congreso y el Ejecutivo, ha mandado a pedir la opinión del fiscal general de la República, Luis Martínez.

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