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Sala justifica restricciones sobre acceso a información

Magistrados emitieron una aclaración sobre a qué se refieren con cada una de las prohibiciones.
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Sala justifica restricciones sobre acceso a información

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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) publicó ayer una resolución de aclaración sobre los criterios en los que se podría negar el acceso a la información pública.

El amparo sobre la negativa del derecho a conocer los viajes del expresidente de la república Mauricio Funes permitió que la Sala estableciera el 23 de octubre pasado que se podía denegar información cuando esta fuera “superflua”, pusiera en riesgo el funcionamiento de la institución a la que se requiere o no había sido producida por las autoridades que ocupan el cargo cuando se haya requerido la información.

La Sala admitió la solicitud de aclaración de los criterios establecidos solicitada por los abogados Ramón Villalta y Óscar Campos, a quienes admitió como parte del proceso. Además, declaró no ha lugar el recurso de revocatoria presentada por el abogado Enrique Anaya Sanabria, debido a que consideró que no existe una afección a su esfera jurídica en calidad de representante de una ciudadana solicitante.

Los magistrados sostuvieron que Anaya Sanabria planteó sus argumentos con base en escenarios supuestos.

“Los criterios de interpretación adoptados por la Sala en la resolución de seguimiento de 23-X-2017 no constituyen límites ni restricciones al derecho de acceso a la información, sino que contribuyen al adecuado ejercicio del mismo”, concluyó la Sala en su resolución.

Los magistrados aclararon que al referirse a negar información que se considera “superflua” apuntan a la prohibición establecida en el artículo 74, literal C, de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), el cual establece que no se dará trámite a una solicitud cuando esta sea “manifiestamente irrazonable”.

En cuanto al criterio sobre que la solicitud pueda llegar a alterar el funcionamiento de las instituciones, la Sala puso como ejemplo la solicitud de toda la base de datos de la Sección de Probidad con las declaraciones juradas y cómo recoger esa información puede afectar el trabajo de esa unidad. En la aclaración también refirieron a la prohibición del artículo 74, literal C, de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Finalmente, en cuanto a que se niegue una información que no haya sido elaborada por el titular a cargo al momento de la solicitud, aclararon que eso no implica una licencia para negar información de forma irrestricta, sino cuando sea materialmente imposible la reproducción de los datos, porque los empleados a cargo ya no estén en funciones. Esa restricción no aplicará sobre datos vinculados a derechos humanos.

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