Sala negó acceso a los archivos a particulares

Víctimas demandaron a arzobispo. Sala le dio la razón a la Iglesia.
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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió que no procedía el amparo que seis particulares habían interpuesto el 4 de diciembre de 2013, para demandar al arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, por “apropiación indebida” de los más de 50,000 archivos de denuncias que la extinta Oficina de Tutela Legal había acumulado desde la época de la guerra civil en el país.

Los demandantes, además, habían solicitado a la Sala de lo Constitucional que el arzobispo les entregara los archivos en que aparecían sus casos para custodiarlos, tras el cierre de la oficina de Tutela Legal en septiembre de 2013.

La sala, por su parte, en la misma sentencia del pasado miércoles 24 de febrero en que resolvió que la Iglesia católica es la que debe resguardar los archivos, también declaró “no ha lugar” la demanda en contra del arzobispo Escobar.

La sala declaró “no ha lugar” el acceso a los archivos de Tutela Legal que pedían los demandantes para custodiarlos.

Los demandantes eran Marta Luna de Melgar, Blanca Miriam Ayala, de la masacre del Sumpul; María Márquez de Márquez, de la masacre de El Mozote; Mauricio Cruz Peña, Mario Raúl Blanco Ayala y Maura Antonia Reyes de Cardoza, del caso de contaminación por plomo en Sitio del Niño, por Baterías de El Salvador.

La sala, en la sentencia, también le ordenó a la Iglesia católica que los archivos tendrían que ser inventariados y, conforme al orden del inventario, ser proporcionados a estas seis víctimas que presentaron el amparo, y a todas las demás víctimas que lo soliciten, en caso de que sean necesarios para un proceso judicial en el que se intente determinar si se cometió alguna violación a los derechos humanos.

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