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Sala: no es inconstitucional la emisión de deuda para el presupuesto de 2019

La Sala de lo Constitucional declaró improcedente la demanda, porque consideró que el plan de gastos contiene detallados los rubros a los que que serán destinados los recursos.
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Sin detallar.  El demandante reclamó que la redacción del art. 2 del Decreto 217 de diciembre de 2018 no aclara a qué partidas presupuestarias se destinará el dinero.

Sin detallar. El demandante reclamó que la redacción del art. 2 del Decreto 217 de diciembre de 2018 no aclara a qué partidas presupuestarias se destinará el dinero.

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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró que no es inconstitucional la emisión de nueva deuda para financiar el presupuesto 2019, con lo que el país pudo enfrentar el pago de un bono.

La sala dijo que el decreto, que fue aprobado por la Asamblea a finales del año pasado, "cumple con los requisitos establecidos por la disposición constitucional", pues los magistrados consideran que "se expresa la finalidad y condiciones generales del empréstito" y que "las líneas del gasto público que se cubren con dicho empréstito están debidamente detalladas".

El abogado Daniel Olmedo presentó en enero pasado una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Asamblea Legislativa por aprobar el artículo 2 del Decreto Legislativo Número 217, que autorizó al Ejecutivo a emitir títulos valores por $1,297 millones. Ese artículo especificaba que el dinero se usaría para financiar el presupuesto del Estado para 2019, que "no puede ser atendido con los ingresos ordinarios".

Olmedo argumentó que eso violaba el artículo 148, inciso 30 de la Constitución de la República, que dice que "el decreto legislativo en el que se autorice la emisión o contratación de un empréstito deberá expresar claramente el fin a que serán destinados los fondos de este y, en general, todas las condiciones esenciales de la operación".

La jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia, agregó Olmedo, indica que la emisión de títulos valores es considerada una forma de contratar empréstitos, por lo que está regulada por el artículo 148, citado anteriormente, específicamente en cuanto a dejar explícito en el decreto el fin que tendrá los fondos a obtener.

Sin embargo, la sala consideró que se trata de un préstamo que es "necesariamente complementario" al que contiene la ley del presupuesto, siendo esta donde se realiza el detalle pormenorizado de los ingresos y gastos públicos según los diversos ramos, órganos o instituciones, áreas de gestión y rubros.

El abogado Olmedo sostenía en su demanda que el artículo 2 del Decreto 217 no especificaba para qué partidas o egresos se usaría el dinero. De los $1,297 millones a colocar, $800 millones serían para pagar el bono de El Salvador que tenía como vencimiento este fin de año; los $497 millones restantes, para completar los requerimientos del presupuesto del Estado.

Olmedo solicitó en su escrito ante la Sala de lo Constitucional que, en caso de admitir la demanda, se aplique como medida cautelar la suspensión temporal de dicho decreto, pues, de no hacerlo, afirmó, podría haber "daños irreversibles".

Entre estos enumera la contratación de un crédito puente para obtener los fondos, tal y como lo establece el artículo 4, de dicho decreto, mientras se estructura la emisión de deuda. Además, sin la medida, se deja la vía libre para la colocación de los títulos, la obtención del dinero, y el uso de este de forma discrecional, agregó el demandante.

Los magistrados Óscar Pineda, Aldo Cáder, Marina de Jesús Marenco de Torrento y Carlos Avilés consideraron que la demanda era improcedente, entre otras razones, porque el presupuesto se elabora con áreas de gestión y por lo tanto, los montos máximos del gasto público se encuentran detallados en los rubros y partidas establecidas en la ley que lo contiene, y porque la decisión sobre los recursos no se agota con la aprobación del plan de gastos.

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