Sala obliga a Defensa a licitar compra de equipo de guerra

La Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional un inciso de la LACAP que permitía al Ministerio de la Defensa comprar de forma directa. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de usar el procedimiento cuando exista urgencia demostrable.

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El Ministerio de la Defensa deberá someter a licitación pública las compras de equipo y material de guerra que realice de forma ordinaria. Así lo decidió ayer la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al declarar inconstitucional un inciso del artículo 72 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

La normativa le permitía a los titulares de la Defensa escoger directamente a la persona natural o jurídica que le suministraba el equipo o material de guerra para el abastecimiento habitual de la institución.

Con la sentencia emitida ayer, el Ministerio de la Defensa deberá someter a concurso público los requerimientos de equipo bélico y escoger la mejor oferta: el menor costo con las mejores condiciones para el suministro, tal como lo dicta el artículo 234 de la Constitución de la República, que establece el carácter general de la licitación como medio de contratación de la administración pública.

“La licitación debe ser la regla general de la compra de bienes por parte del Estado, porque garantiza  transparencia y  competencia. Ese fue el motivo de la petición a la sala”.  
Daniel Eduardo Olmedo Sánchez, abogado que solicitó la inconstitucionalidad

La sala avaló así la solicitud del abogado Daniel Eduardo Olmedo Sánchez, quien le pidió a los magistrados considerar inconstitucional el mecanismo de compra del Ministerio de la Defensa porque incumplía, a su criterio, ese artículo de la Constitución.

El demandante señaló que para las contrataciones de equipo o material de guerra, el artículo impugnado permitía utilizar la contratación directa , “incluso en los casos en que no haya urgencia ni ninguna situación excepcional que fundamente la necesidad de prescindir de la licitación pública, mecanismo que goza de menor discrecionalidad en la asignación del contratista”.

Ayer, Olmedo Sánchez le dijo a este periódico, tras enterarse de la sentencia, que acudió a la CSJ porque considera que “la licitación debe ser la regla general de la compra de bienes por parte del Estado porque garantiza la transparencia y la sana competencia”.

La sala consideró para tomar su decisión que la contratación directa se utiliza para todo el rubro de material y equipo de guerra, “que incluye una vasta variedad de insumos que van desde el armamento, las municiones, los vehículos, el equipo de transmisión, los uniformes y el equipo táctico, entre otros, sin que para ello deba concurrir algún elemento excepcional –como podría ser una situación de guerra–, pues se trata del abastecimiento habitual del sistema de la defensa nacional”.

Los magistrados propietarios Belarmino Jaime, Sidney Blanco y Rodolfo González, y la suplente Celina Escolán determinaron que con este mecanismo, el Ministerio de la Defensa esquiva la licitación pública como forma de contratación y utiliza la contratación directa de bienes muebles o suministros, lo cual contraviene el artículo 234 de la Constitución.

La obligación impuesta al Ministerio de la Defensa tiene el antecedente en la sentencia que emitió la sala en abril de 2015. En esa ocasión, los magistrados declararon inconstitucional otro inciso del artículo 72 de la LACAP que permitía realizar compras de medicamentos de forma general por la vía de la contratación directa.

Olmedo Sánchez dijo que su petición sobre el mecanismo de Defensa estuvo fundamentada en esa declaratoria de inconstitucionalidad sobre la adquisición de medicinas en el país por la administración pública.

La sala, sin embargo, aclaró que no está proscrito de manera general el mecanismo de compra directa para el Ministerio de la Defensa, sino que “puede operar en circunstancias muy calificadas, en que resulta sumamente difícil convocar a un proceso de licitación por estar comprometido el interés público o algún tipo de urgencia”.

Pese a dejar abierta esa posibilidad, la sala dijo que cuando Defensa haga compras sin licitar, ese procedimiento “deberá estar sujeto a los principios de transparencia y eficiencia” (más detalles en nota secundaria).

Contratación de personal

Olmedo Sánchez también le pidió a la Sala de lo Constitucional que declarara inconstitucional un segundo inciso del artículo 72 de la LACAP, que permite a todas las instituciones del Estado la contratación directa de los servicios profesionales otorgados por auditores especializados, contadores, abogados, mediadores, conciliadores, árbitros, asesores y peritajes, entre otros, cuando en atención a la naturaleza del servicio que se requiera, la confianza y la confidencialidad sean elementos relevantes.

La sala no entró a conocer esa petición y decidió sobreseerla por considerar que el artículo 234 de la Constitución se refiere únicamente a la compra de obras y bienes muebles, y la petición fue orientada a la contratación de servicios prestados por profesionales de distintas áreas.

Ley
Lo que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. 

Art. 72
El inciso h de esta normativa determina que la contratación directa podrá acordarse si se tratase de equipo o material de guerra, calificado de esa manera por el ministro de la Defensa y aprobado por el presidente de la república.

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