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Sala ordena a Bukele no usar a militares ni policías

La Sala de lo Constitucional anuló ayer la convocatoria que el Ejecutivo giró a la Asamblea para que aprobara el préstamo por $109 millones destinados al plan de seguridad. Los magistrados dicen que la FAES y la PNC no deben ser usadas para actividades fuera del marco constitucional.

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Asamblea. Miembros del Ejército ingresaron al Salón Azul armados con fusiles y utilizando sus uniformes de combate.

Asamblea. Miembros del Ejército ingresaron al Salón Azul armados con fusiles y utilizando sus uniformes de combate.

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Veintiún horas después que el presidente de la república Nayib Bukele ingresara al salón de la Asamblea Legislativa flanqueado por militares y policías armados, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le ordenó abstenerse de utilizar las fuerzas de seguridad en "actividades contrarias para fines constitucionales".

La orden fue firmada ayer por los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional a la 1:55 de la tarde. Dos horas después, fue publicada en un comunicado oficial de la CSJ donde le aclaró al presidente de la República que la prohibición del uso de militares y policías respondía a "poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo; el sistema político pluralista y de manera particular la separación de poderes".

Los magistrados constitucionalistas consideran que aunque el presidente de la República es el comandante general de la Fuerza Armada, "no significa que él pueda usarla para cualquier objetivo o fin distinto al constitucionalmente previsto. Tampoco puede ordenarse que la Fuerza Armada sirva para la seguridad personal del presidente".

La Sala agrega que no es adecuado que la interpretación de las disposiciones constitucionales se haga en "sentido estrictamente literalista y aislado".

La orden es parte de una resolución de la Sala de lo Constitucional donde decidió admitir a estudio una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por Luis Ramón Portillo Ayala y la abogada Ruth Eleonora López Alfaro. Ambos ciudadanos le pidieron el sábado pasado a la Sala que declare ilegal la convocatoria girada por el Consejo de Ministros de Bukele, para que la Asamblea Legislativa instalara una sesión extraordinaria el domingo con el único punto en agenda de aprobar un crédito de $109 millones, dinero que el Ejecutivo dice requerir para mejorar el plan de seguridad.

El Consejo convocó a los diputados desde la semana pasada para que se hicieran presentes el domingo a la sesión extraordinaria. Según el presidente Bukele, el llamado a los diputados se ampara en el artículo 167, ordinal séptimo, de la Constitución de la República, que faculta al Consejo de Ministros para que pueda convocar a la Asamblea Legislativa "cuando los intereses de la República lo demanden".

Los diputados decidieron, el viernes pasado que la convocatoria del Ejecutivo no era procedente, sin embargo, el domingo llegaron hasta el pleno una veintena de parlamentarios. Algunos de ellos se retiraron cuando pasadas las 3 de la tarde una fila de militares y policías, de unidades especializadas, irrumpieron en el salón azul de la Asamblea.

El que sí ingresó, minutos después de las 5 de la tarde, fue Bukele, apoyado por militares y policías. Dijo ante un grupo de seguidores que lo esperaron afuera de la Asamblea, después de orar desde el pleno, que Dios le había dicho que tuviera paciencia; por lo que le dio una semana más a los diputados para que le aprueben el millonario crédito.

En el discurso, defendió que la convocatoria del Consejo de Ministros era apegada ala Constitución y no necesitaba de ningún tipo de interpretación.

"No necesitamos que la Sala interprete un artículo de la Constitución que es textual. Nosotros, aunque se burlen los del 3 %, estamos haciendo historia", dijo antes de marcharse.

Sin embargo, además de prohibir el uso de militares fuera del marco constitucional, la Sala también le ordenó al Consejo de Ministros, del cual forma parte Bukele, que "cese los efectos de la convocatoria". Así como "cualquier otra convocatoria" relacionada con la aprobación del préstamo para fondear el Plan Control Territorial.

Además, la Sala pidió al Ejecutivo "suspender los efectos de cualquier acto o norma que sea consecuencia del acuerdo de la convocatoria" que le giró el Consejo de Ministros a la Asamblea.

Por último, la Sala de lo Constitucional le ordenó al ministro de la Defensa, René Merino Monroy; y al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, que "no ejerzan funciones y actividades distintas a las que constitucionalmente y legalmente están obligados".

Específicamente sobre la Policía Nacional Civil, los magistrados resolvieron que "no puede prestarse a ser usado con fines políticos, personales o partidarios, ni con ningún otro el que no sea el que legal y constitucionalmente está llamado a seguir".

El presidente Bukele reaccionó en su cuenta de Twitter al conocer la resolución de la Sala: "El sistema se autoprotege. Así es como las cosas siguieron igual".

La Sala aún tiene pendiente de resolver otra demanda de inconstitucionalidad por el mismo caso.

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