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Sala ordena a Hacienda probar falta de ingresos por impago de salarios

La Sala ordena entregar un reporte diario de ingresos entre abril y septiembre pasados, cuando Hacienda se atrasó en el pago de los salarios a los empleados de la Asamblea Legislativa. Además, pide un plan de pago a las instituciones públicas conforme lo ordena la ley.

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Por impago. La Sala decidió analizar si el Ejecutivo vulneró los derechos de los trabajadores de la Asamblea Legislativa al retrasar el pago de salarios correspondiente a septiembre pasado.

Por impago. La Sala decidió analizar si el Ejecutivo vulneró los derechos de los trabajadores de la Asamblea Legislativa al retrasar el pago de salarios correspondiente a septiembre pasado.

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Pruebas. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó ayer al Ministerio de Hacienda que compruebe la falta de ingresos, entre abril y septiembre pasado, para comprobar la justificación del atraso en el pago de salarios a los empleados de la Asamblea Legislativa.

La orden es parte de una medida cautelar que emitieron los magistrados constitucionalistas tras admitir un amparo presentado por los empleados legislativos.

Los demandantes le plantearon a la Sala que el presidente de la república, Nayib Bukele; y el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, violaron sus derechos al trabajo y a obtener un salario en forma oportuna y periódica.

La Sala determinó que aceptó el amparo para determinar "si con la tardanza o falta de pago —presumiblemente injustificada— de las remuneraciones y prestaciones sociales de la colectividad de servidores públicos de la Asamblea Legislativa se han vulnerado sus derechos fundamentales", según reza en la resolución.

Sin embargo, la Sala aclara que la admisión de la demanda no constituye en forma alguna "una obstaculización o intromisión en el ejercicio de las funciones de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado".

El Ministerio de Hacienda retuvo los salarios de los empleados de los Órganos Judicial y Legislativos correspondiente al mes de septiembre pasado. Y aunque los salarios del Órgano Judicial fueron atrasados, sí fueron cancelados antes de finalizar el mes; sin embargo, no ocurrió así con la Asamblea.

El 1.° de octubre pasado, los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL) cuestionaron al ministro de Hacienda por el retraso, ya en ese momento, de 10 días en el pago del salario de septiembre. Habitualmente les depositan los fondos el 20 de cada mes.

Zelaya señaló a los representantes de los empleados de la Asamblea que debido a que el Estado no contaba con fondos por la poca recaudación en concepto de impuestos, procedería a cancelar los salarios cuando los diputados ratificaran los préstamos que se encuentran en el seno de la comisión de Hacienda.

A las cero horas de ese mismo día, la Junta Directiva de la Asamblea notificó a la Fiscalía General de la República el impago de salarios por parte del ministro de Hacienda.

"El fiscal tendrá que determinar, tendrá que revisar el aviso donde se hace toda una descripción jurídica en la cual están poniendo a este país, esto es una situación en la que se vulneran derechos de los empleados del Órgano Legislativo, el derecho al pago de un salario por el trabajo realizado, eso es lo más sagrado para cualquier persona y está tipificado como delito dentro de nuestra sistema jurídico penal", declaró en ese entonces el presidente de la Asamblea, Mario Ponce.

Todos los delitos que la Asamblea sostiene se han configurado con el impago de salarios están tipificados en el Código Penal; para ellos se establecen condenas carcelarias de, al menos, cuatro años.

Aunque el pago fue realizado al finalizar la primera semana de octubre, la FGR continúa con el proceso de investigación del caso.

Ayer, la Sala también blindó la posibilidad de que el impago de salarios a los empleados públicos se repita: "Existe un inminente peligro de que dicha acción se convierta en una política de presión del Órgano Ejecutivo a los otros órganos del Estado, que se reproduzca en los próximos meses y causar graves perjuicios a la clase trabajadora", reza parte de la resolución emitida ayer por la tarde.

Por lo tanto, la Sala ordenó que Hacienda incluya en el calendario de pagos definido por la ley a "todas las instituciones del sector público". También señaló que en un lapso de tres días hábiles (a partir de hoy) deberá un informe de recaudación y estado de cuenta diario de ingresos y egresos tributarios y no tributarios, ingresos corrientes, ingresos de capital, financiamiento e ingresos por contribuciones especiales entre abril y septiembre 2020.

La Sala también le ordenó al Banco Central de Reserva que le informe sobre "las gestiones de Hacienda en el contexto de la autorización de fondos para que el Legislativo realice el pago de sus obligaciones relacionadas a septiembre 2020".

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