Sala ordena proteger a familia desplazada por pandilleros

Es la primer demanda sobre desplazamiento forzado que admite la Sala de lo Constitucional.

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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió ayer una demanda de amparo interpuesta por una familia que se vio obligada a desplazarse de su lugar de residencia, luego de ser acosada por pandilleros del Barrio 18. El caso fue admitido con reserva para que no se divulgue la información que pueda identificar a la familia demandante.

La Sala de lo Constitucional comunicó que el apoderado legal de la familia expuso hechos de amenazas, golpes, acoso y hasta violaciones.

La demanda fue interpuesta luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) no activaran medidas de protección para las víctimas, a pesar de tener conocimiento del caso, según las fuentes judiciales. Debido a esto, los magistrados ordenaron a dichas instituciones activar sus protocolos de protección.

“Comentamos en el debate que hemos visto en las noticias a policías ayudando a la gente a subir sus cosas a los carros para irse, creemos que una Policía no está para eso... Creemos que la Fiscalía y la Policía nos van a decir que (no han actuado) por falta de recursos”, lamentó el magistrado Rodolfo González, quien informó que este es el primer caso de este tipo que llega a conocimiento de la Sala de lo Constitucional.

La demanda también señaló omisión por parte de las instituciones del sector justicia para garantizar los derechos de las víctimas en casos de desplazamientos forzados. “Demandan a la Comisión Coordinadora del Sector Justicia porque es la responsable de aplicar la Ley de Protección de Víctimas y Testigos. Hemos venido escuchando durante años la falta de recursos y ya que tenemos la posibilidad ver qué se ha cumplido o no en el presupuesto del 2018 de hacer un uso racional, ahí está un caso claro, si se está gastando recursos en llenar el Estado con plazas de militantes, a cambio de quitarle o no darle suficientes recursos a las instituciones de seguridad”, dijo González.

El magistrado señaló que este caso le va a permitir a la Sala emitir un pronunciamiento que vaya más allá del caso de esta familia y que aborde la problemática. El Gobierno no tiene cifras oficiales sobre esta problemática, solo están las que registra la mesa de la sociedad civil contra el desplazamiento forzado.

La relatora especial de desplazamiento forzado de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Cecilia Jiménez-Damary, indicó en agosto, luego de visitar el país, que existe un reconocimiento “insuficiente” por parte de las autoridades del Estado de la dinámica de desplazamiento forzado.

El Instituto Noruego de Refugiados, con sede en Ginebra, Suiza, señaló en un reciente informe que 220,000 personas huyeron de El Salvador por la situación de violencia en 2016.

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