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Sala ordena reabrir el caso de masacreEl Calabozo

Los magistrados resolvieron que el Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián, San Vicente, violó el derecho de los familiares de las víctimas a conocer la verdad sobre lo ocurrido en 1982.
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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió dar lugar al amparo presentado por los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de El Calabozo, ocurrida en agosto de 1982 en el municipio de San Esteban Catarina, San Vicente, y zonas aledañas, y por la que se acusó a miembros de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).

Los magistrados decidieron dejar sin efecto la resolución de la jueza de Primera Instancia de San Sebastián, San Vicente, mediante la cual se rechazó la petición de desarchivar el caso en 2007. Además, le otorgaron 15 días para que determine “cuál es la normativa procesal penal aplicable al caso concreto y el procedimiento que se tramitará”.

Los magistrados también ordenaron que la jueza haga de “el conocimiento público el contenido de la resolución que emita y, en su caso, los resultados del proceso penal... sobre el homicidio colectivo ocurrido, según los denunciantes, en el sitio denominado El Calabozo, del municipio de San Esteban Catarina, departamento de San Vicente, durante el operativo militar realizado del 17 al 22 de agosto de 1982”.

La sentencia también reconoce que los demandantes podrían optar por una indemnización “por los daños materiales y/o morales resultantes de la vulneración de derechos constitucionales constatada en esta sentencia directamente en contra de las personas que cometieron la aludida vulneración”.

En el desarrollo de los argumentos, los magistrados realizaron un seguimiento de la sentencia con la que se derogó la Ley de Amnistía, pues criticaron el accionar de la jueza por argumentar “injustificada e inconstitucionalmente excluyentes de la responsabilidad penal”, tales como la prescripción de los crímenes de lesa humanidad y la Ley de Amnistía, lo cual provocó la violación del derecho a la verdad.

“Al tomar en consideración que los hechos investigados en el proceso penal en cuestión pueden ser calificados provisionalmente como crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al DIH (Derecho Internacional Humanitario), no será posible, por el momento, para el juez de Primera Instancia de San Sebastián, ni para cualquier otra autoridad administrativa o judicial que deba conocer y emitir decisión sobre tales hechos, aplicar la Ley de Reconciliación Nacional de 1992”, se lee en el texto de la sentencia.

El caso ante la justicia

El caso fue llevado al Tribunal de Primera Instancia de San Sebastián el 29 de julio de 1992, ante lo que la jueza admitió la denuncia, ordenó la realización de la inspección y citó a las personas involucradas; sin embargo, ese mismo juzgado decidió archivar el proceso penal en marzo de 1999.

Posteriormente, en octubre de 2006 el exprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos David Morales presentó en el mismo tribunal una acusación en contra de altos mandos de la FAES acusados de asesinato, actos de terrorismo, daños agravados, otros estragos, robo y privación ilegal de libertad, en perjuicio de la población de San Esteban Catarina durante el operativo de agosto de 1982. Razón por la cual también se pidió sacar del archivo el proceso penal.

Sin embargo, en marzo del 2007 el tribunal declaró no ha lugar a la solicitud de desarchivar el expediente en virtud de la aplicación de la Ley de Amnistía, argumentando también la prescripción de los delitos.

En 2013 la Sala de lo Constitucional declaró inadmisible una demanda interpuesta contra la jueza de Primera Instancia de San Sebastián en virtud de que no existía claridad en la argumentación planteada entonces. Sin embargo, el Tribunal Constitucional suplió dicha deficiencia y admitió la demanda sobre la negativa de la jueza a desarchivar el caso penal (que se resolvió el pasado lunes).

El Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad de Washington publicó este año documentos desclafisicados por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) en los que se muestra al coronel, Sigifredo Ochoa Pérez, como líder del operativo Teniente Coronel Mario Azenón Palma realizado en San Vicente entre el 17 y el 30 de agosto de 1982, y durante el cual presuntamente ocurrió la masacre de El Calabozo, la cual dejó más de 200 civiles asesinados.

El cable de la CIA es titulado: “El Salvador: Victorias de la contrainsurgencia”, y llama al operativo un “éxito sin precedentes”.

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