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Sala ordena reabrir proceso judicial contra Intratext

La ANEP señaló que con la resolución, la FGR iniciará procesos penales sin terminar las fases de fiscalización.

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Los magistrados impuestos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenaron el 19 de enero de 2022 pasado el cese de las medidas cautelares impuestas por los anteriores magistrados de la Cámara Tercera de lo Penal, que ordenaron exonerar de cargos, de forma definitiva a Manuel Ernesto Daura Mijango, representante de la empresa Intratext El Salvador S. A. de C. V., quien había sido acusado por supuestamente evadir $5.3 millones en el ejercicio fiscal de 2017.

Los representantes de Intratext presentaron una demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional en el que demandaron que el director y el subdirector general de la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda (DGII) no emitieron una resolución final en el procedimiento administrativo de fiscalización del impuesto sobre la renta del ejercicio 2017.

La DGII señaló que habían indicios de evasión de impuestos por una declaración inexacta de la empresa y no siguieron conociendo administrativamente y enviaron un aviso a la Fiscalía General de la República (FGR). Luego, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal en el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador.

Los representantes legales de Intratext demandaron que la DGII no emitió una resolución de fondo sobre el proceso y que la autoridad de hacienda debía continuar con el proceso administrativo y no lo hicieron de esa manera.

Ante ese reclamo por parte de la parte demandante, la Sala de lo Constitucional aseguró que el reclamo debía poseer relevancia constitucional y que esa queja no podía ser resuelta en esta sede judicial.

¨Y es que esta Sala es incompetente, en razón de lo establecido en su marco normativo de actuación, para conocer de cuestiones que tienen una exclusiva base infraconstitucional, dado que su regulación y determinación está prevista exclusivamente en normas de rango inferior a la Constitución¨, señalaron los magistrados en la resolución.

Además, aseguraron que con respecto a la vulneración de derechos constitucionales reclamados por la empresa, esta se reduce a un ¨asunto de mera legalidad¨ y que eso solo refleja la inconformidad con las actuaciones de las autoridades demandadas.

Por esa razón, la Sala ordenó cesar la medida cautelar impuesta por la Cámara Tercera en la resolución del 7 de octubre de 2020, la cual ordenaba la suspensión del proceso penal iniciado en el Juzgado Sexto de Paz.

Por su parte, los representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) señalaron que con esta resolución se activa la posibilidad de que la Fiscalía inicie procesos penales por el delito de evasión de impuestos sin que hayan terminado las fases de fiscalización, ni los procedimientos sancionadores, y apelaciones ante las autoridades del Ministerio de Hacienda.

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