Sala pide datos de viajes de Funes a otros entes

El trámite para solicitar la información de los viajes surge a partir de un escrito de Casa Presidencial, en el que aseguraron que no encuentran los datos. La Sala de lo Constitucional tiene bajo análisis el amparo.
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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acudirá a otras instituciones para asegurar la información de los viajes del expresidente de la República Mauricio Funes (2009-2014); y la exprimera dama, Vanda Pignato, mientras resuelven un caso de amparo que está bajo análisis.

El caso surgió luego que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) confirmó que la información de los viajes de Funes era de carácter reservado, tal y como la unidad de acceso a la información de Casa Presidencial (CAPRES) se lo había informado a un ciudadano.

A partir de ello, otro ciudadano presentó un amparo ante la Sala, ente que ordenó a CAPRES como medida cautelar entregar la información de los viajes. Esto, mientras se resolvía el amparo. CAPRES, sin embargo, ha contestado en dos ocasiones que “no encuentra” los datos de los viajes del expresidente y su esposa, la exprimera dama.

“Estamos buscando otras fuentes donde se pudiera tener documentados los viajes. Un viaje de un jefe de Estado no es un viaje que está en una carpeta, guardada en una sola gaveta. Hay varias fuentes de donde se puede obtener la información”, dijo ayer el magistrado de la Sala de lo Constitucional Rodolfo González.

En 2013, CAPRES reservó por cuatro años la información de todos los viajes efectuados por Funes y Pignato. El criterio que el IAIP utilizó para confirmar dicha reserva es que los viajes del presidente de la República se efectúan bajo pautas de seguridad militar y, por lo tanto, revelar los datos —aunque se trate de viajes ya pasados— podría comprometer esa seguridad.

Los viajes de los funcionarios, incluyendo los viáticos utilizados, el destino y el motivo del viaje, están considerados dentro de la información oficiosa en la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), en su artículo 10, numeral 11. Esto significa, que todas las instituciones deben publicar de forma obligatoria tal información, sin que medie una petición externa.

González enumeró ayer las instituciones a las que podrían solicitar información acerca de los viajes, “por el tema de viáticos, hay un detalle en (el ministerio de) Hacienda, en Corte de Cuentas, Migración, Cancillería. En el caso de la primera dama, la Secretaría de Inclusión Social”.

La exigencia de la Sala, de la información de los viajes, se planteó en una resolución de finales de febrero a raíz de que CAPRES contestó tener los 49 acuerdos ejecutivos en que se autorizaban viajes de Funes, pero no los datos específicos de cada traslado. Después dijo supuestamente no encontrarlos.

Belarmino Jaime, también magistrado de la Sala de lo Constitucional, dijo ayer que “si no lo tiene la Casa Presidencial, en Migración tiene que estar. Ahora, si ya en Migración dicen que no tienen nada, pues ya es de pensar otras cosas”, pero no agregó más.

La Sala, además, advirtió en escritos relacionados al caso en que se certificaría a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue si existe o no delito en la supuesta pérdida de la documentación. CAPRES aseguró la semana pasada que hizo lo mismo.

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