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Sala prepara nueva resolución sobre acceso a información

Abogado presentó un recurso de revocatoria ante los nuevos criterios emitidos por la Sala de lo Constitucional. Alega que la Sala contradijo su propia jurisprudencia.
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Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aseguró que están trabajando en una resolución “aclaratoria” sobre los tres criterios que establecieron en un fallo reciente sobre la entrega de información pública a los ciudadanos.

El 23 de octubre pasado, la Sala de lo Constitucional resolvió, en seguimiento a un amparo, que los oficiales de información pueden abstenerse de entregar información pública cuando esta sea “superflua” o no se note el interés público de la misma; y cuando las solicitudes denoten un interés en neutralizar u obstaculizar el desarrollo normal de las instituciones. Los magistrados también establecieron en ese fallo que no es obligación de los titulares actuales de las instituciones generar información que tuvieron que registrar administraciones pasadas.

“La Sala no ha justificado los motivos que han generado tal retroceso y no han expuesto qué derechos  constitucionales supuestamente se protegen”.
Salvador Anaya,  abogado

González explicó que la aclaratoria fue solicitada por dos abogados. Además, el abogado Enrique Anaya presentó, por separado, un recurso de revocatoria ante la Sala de lo Constitucional, con el objetivo de que los magistrados reviertan la resolución de seguimiento en la que establecieron las tres nuevas restricciones para el acceso a la información pública.

“Hay algunos tribunales que hacen truco y meten una resolución antes de un escrito presentado; sin embargo, no creo que la Sala, siendo una instancia seria, haga eso... No sé cómo la Sala siendo tan estricta admite escritos de abogados que no son parte en el proceso”, dijo Anaya respecto a la aclaración solicitado por otros dos abogados. Él pide la revocatoria porque previamente fue aceptado por los magistrados como parte interesada en el proceso de amparo.

“Es evidente que tales criterios no son sino una expresión de una coyuntural arbitrariedad... La Sala no ha justificado, en ninguna forma, los motivos que han generado tal retroceso y, sobre todo, no han expuesto qué derechos o bienes constitucionales supuestamente se protegen con motivo de tal regresión”, señala el documento que elaboró Anaya.

El abogado señaló en el escrito de revocatoria que la Sala actuó “sin previa petición” y por su cuenta para emitir una resolución “ilegal” y con enormes contradicciones con la jurisprudencia emitida por esa misma instancia y en contradicción con la producida por el sistema interamericano de derechos humanos.

Por ejemplo, Anaya señala que, si la Sala había ordenado al Ministerio de la Defensa reconstruir algunos crímenes de guerra para entregar información a las víctimas, es contradictorio que ahora resuelva que los titulares de las instituciones no deben reconstruir información de administraciones anteriores.

Además, el abogado señala que es imposible negar información “superflua”, ya que no existe forma de predeterminar de manera anticipada si un dato solicitado es indiferente para el ejercicio del derecho a la información pública, ya que, entre otras cosas, la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) establece que el ciudadano no tiene la obligación de decir el uso que hará de la información.

En cuanto a la restricción por posible saturación logística de las instituciones, el abogado que presentó la revocatoria señala en su escrito que con la decisión abren la puerta para que todas las instituciones argumenten que están saturadas de trabajo para no entregar datos. Además, asegura que lo que se debe buscar es “equilibro” en los recursos utilizados.

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), la Secretaría de Transparencia y varias organizaciones no gubernamentales han cuestionado la decisión de la Sala. Ayer se sumó a las críticas la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), que emitió un comunicado en el que afirma que el fallo vulnera principios de “máxima divulgación” y tiene contradicción con la jurisprudencia de la Sala.

La Sala de lo Constitucional emitió los criterios sobre el acceso a la información semanas después de que Corte Plena, la máxima autoridad de la CSJ, discutió casos llevados por el IAIP, institución que ha ordenado al máximo tribunal de justicia del país que entregue información que había denegado a ciudadanos.

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 nuevas restricciones fueron emitidas en la resolución de la Sala.
 

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