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Sala rechaza demandas por elección CCR y $550 mill

Los escritos fueron rechazados por problemas de forma, lo que no impide que se presenten nuevas demandas.
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Sala de lo Constitucional.  Los magistrados han ejercido control sobre elecciones de segundo grado.

Sala de lo Constitucional. Los magistrados han ejercido control sobre elecciones de segundo grado.

Sala rechaza demandas por elección CCR y $550 mill

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Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declararon improcedentes las demandas de inconstitucionalidad en contra de la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR); y la emisión de títulos valor por $550 millones, que fueron avalados recientemente por la Asamblea Legislativa, y que serán utilizados por el Gobierno –en su mayoría– para el pago de algunos compromisos financieros.

El magistrado de la Sala de lo Constitucional Rodolfo González afirmó que el fondo de los argumentos no fue evaluado, pues ambas demandas fueron rechazadas por problemas de forma: “El rechazo fue por deficiencias en la elaboración de las demandas. Este tipo de rechazo liminar no impide que se presente otras demandas que cumplan con los requisitos legales y jurisprudenciales”.

En el caso de la elección de magistrados de la CCR, el demandante señaló que la Asamblea Legislativa no verificó ni documentó el cumplimiento de los requisitos del cargo. Además, no constató que no existiera algún tipo de vínculo material de los aspirantes con algún partido político. Sobre esto, los magistrados determinaron que no se aportó “algún elemento fáctico o probatorio –ni de fuentes directas o indirectas– que permita sustentar las afirmaciones realizadas (por ejemplo, copia del expediente legislativo donde se documentó el procedimiento de elección y donde constan los atestados de los candidatos, las entrevistas a estos y las matrices de evaluación, o bien el dictamen pertinente de la comisión política)”. Por ello el argumento carece de “base corroborativa para demostrar la probabilidad de las infracciones procedimentales alegadas, ni para justificar objetivamente el inicio del proceso”.

En cuanto a la emisión de títulos valor, la sala resolvió que el demandante omitió formular argumentos que “concreten y precisen los motivos por los que considera que el procedimiento legislativo que produjo dicho acto normativo transgrede” principios constitucionales que fundamentan la seguridad jurídica de un “sistema de gobierno republicano, democrático y representativo” y de un sistema político pluralista.

El demandante también apuntó sobre algunos presuntos vicios de procedimiento en el proceso de formación de ley para la emisión de los títulos valor. Ante ello, los magistrados recordaron que los principios que deben regir la formación de ley son: representación, deliberación, mayoría para adopción de decisiones y publicidad de los actos.

El abogado demandante aseguró que en el procedimiento de formación de ley se había violentado el principio de publicidad. Esto debido a que la Asamblea Legislativa realizó discusiones secretas para la aprobación de los títulos valor, e inmediatamente se contradijo al afirmar lo contrario, ya que en la sesión parlamentaria en la que se aprobó el decreto cuestionado, el presidente de la Asamblea Legislativa concedió el uso de la palabra a algunos diputados para razonar su voto, “lo que parece suponer una apertura a la discusión y debate”, lo que demuestra que sí se respetó el núcleo de contradicción y libre debate necesario para emitir una ley, según la resolución.

La demanda también apunta a que el dictamen, con el que se aprobó la emisión de $550 millones en títulos valor, se adoptó sin existir suficiente discusión en el interior de la comisión de hacienda y especial de presupuesto, y que además no se hicieron las consultas multisectoriales necesarias, ni se justificó el carácter de “urgencia” con el que emitió dicha deuda.

Sobre ello, los magistrados manifestaron que los argumentos expuestos por el abogado demandante tienen un carácter fáctico que “deben ser establecidos con suficiente verosimilitud”, la cual “no puede ser suplida por la sala”.

“Cuando se alega la existencia de una situación fáctica que es incompatible con uno de los requisitos para la validez constitucional ... Esa situación que origina el supuesto vicio de inconstitucionalidad no puede ser simplemente afirmada, sin ninguna base racional o fuente objetiva”, se añade en la resolución de la sala.

Ante las dudas sobre los gastos del Gobierno y la posible inexistencia de déficit que alegó el demandante, los titulares afirmaron que no se mostró la conexión de esto con la afectación del proceso constitucional, y además que la sala no puede controlar las hipótesis realizadas por el demandante sobre los ingresos y gastos realizados por el Gobierno.

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