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Sala reitera que AL debe elegir sin nexos partidarios

Invalidó nombramiento de Ricardo Iglesias en CSJ por trabajar con el FMLN en la Asamblea. Los diputados deben elegir a otro magistrado suplente para suplir a Iglesias hasta 2021.
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Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declararon inconstitucional la elección del magistrado suplente del máximo tribunal, Ricardo Alberto Iglesias Herrera, debido a su “vinculación material comprobada con el partido político Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)”, la cual mantiene hasta la fecha.

Iglesias fue juramentado como suplente de la CSJ para el período 2012 y 2021. La sala concluyó que dado que ejercía como asesor político de la fracción legislativa del FMLN en el momento en el que fue elegido, una situación que obvió la Asamblea Legislativa, dicha elección “se realizó en contravención al principio de independencia judicial”, así como en contra del principio que establece que “los funcionarios públicos deben estar al servicio del Estado y no de una fracción determinada”.

En junio de 2015, LA PRENSA GRÁFICA publicó que el magistrado Iglesias fungía también como asesor del FMLN, cargo por el que devengaba $3,000.

En su réplica a la sala, el vocero de la Asamblea dijo a los magistrados que la Constitución establece el derecho de los ciudadanos a optar por un cargo público sin que la afiliación a algún partido político lo impida, además de que no existe una normativa que regule las características que debe tener alguien para ser investido como magistrado de la CSJ. El Legislativo argumentó también que la sala no ha podido probar la afiliación de Iglesias con el partido oficial, y que la elección de Iglesias se dio antes de que la sala emitiera jurisprudencia sobre el impedimento de la afiliación partidaria para ejercer una magistratura.

“Lo que importa que el magistrado Iglesias reúne los requisitos de índole constitucional para ostentar el cargo de magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia... Ni en la Constitución ni en la legislación secundaria existe un catálogo o requisitos que establezcan o mencionen siquiera que para ser elegido como magistrado de la Corte Suprema de Justicia es necesario no pertenecer a un partido político”, añadió el vocero de la Asamblea Legislativa en su respuesta a la Sala de lo Constitucional.

Iglesias, por su parte, en una entrevista brindada a la sala, dijo que trabajaba para el FMLN desde 2006 y que no compartía el criterio sobre que dar asistencia técnica a un partido pueda interferir con la independencia de sus actos como magistrado. Además, argumentó que la subcomisión que estudió su candidatura sabía de su vinculación con el FMLN, por lo que no tenía por qué averiguar algo al respecto.

“Prestar servicios técnicos a una fracción legislativa no determina la independencia de un juzgador, sino que esa independencia debe demostrarse en el ejercicio diario de tan alta función pública, con pleno respeto a la Constitución y a la ley, no por sus creencias religiosas o políticas debería excluirse a priori a los magistrados del acceso al más alto tribunal de justicia”, afirmó Iglesias.

La sala mandó ayer a que la Asamblea Legislativa elija a la persona que suplirá a Iglesias hasta 2021. Según dictó la resolución, dicha elección debe hacerse únicamente “de la lista que el Consejo Nacional de la Judicatura le envió para las elecciones 2012-2021”.

Además, la Sala de lo Constitucional emitió en su sentencia un aviso a la Asamblea Legislativa para que esta se abstenga de integrar instituciones controladoras del poder político con personas que posean vinculación (objetiva o material) comprobada con algún partido político.

Los magistrados también acordaron que para no afectar los acuerdos ya establecidos por la CSJ, la nulidad del proceso de elección no afecta la validez de las resoluciones en las que haya intervenido Iglesias durante la vigencia de sus labores.

El exprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos David Morales defendió en su cuenta de Twitter el trabajo de Iglesias y afirmó que debería revisarse si existe “arbitrariedad y discriminación” en dicha sentencia.

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