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Sala reitera que Gobierno no puede suspender derechos fundamentales sino solo la Asamblea y declara inconstitucional decreto 32

El decreto estará vigente hasta el 23 de agosto, lapso que debe ser usado por el Gobierno y Asamblea para declarar legislación de acuerdo a la Constitución.

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El decreto ejecutivo 32 suprime derechos fundamentales, para lo cual no tiene potestad el Gobierno, reiteró la Sala. El transporte público es uno de los sectores que el Gobierno prohíbe funcionar, aunque el VMT también admitió el mes pasado que no tienen ningún asidero legal para hacerlo. Foto: Archivo

El decreto ejecutivo 32 suprime derechos fundamentales, para lo cual no tiene potestad el Gobierno, reiteró la Sala. El transporte público es uno de los sectores que el Gobierno prohíbe funcionar, aunque el VMT también admitió el mes pasado que no tienen ningún asidero legal para hacerlo. Foto: Archivo

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El decreto ejecutivo 32 con el que el Gobierno pretendía regular las fases de reapertura en El Salvador fue declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La Sala no declaró inconstitucional las fases de reapertura en sí, si no el decreto que emana del Ejecutivo en vez del Legislativo, como indica la Constitución en este tipo de casos.

"Al no existir ningún decreto legislativo que limite el ejercicio de manifestaciones al derecho a la libertad y otros derechos fundamentales, el Ministro de Salud ha interferido en la competencia que corresponde a la Asamblea Legislativa, pues, en realidad, lo que hace el establecimiento de las fases de la reapertura económica es impedirles, obstaculizarles o prohibirles a las personas el ejercicio del trabajo y de ciertas libertades, como la de tránsito, económica, etc", indica la resolución divulgada este viernes por la tarde.

El ejecutivo emitió mediante decretos ejecutivos las fases de reapertura luego que el presidente Nayib Bukele vetara la Ley Especial de Emergencia por la Pandemia covid-19, atención integral de la vida, la salud y la reapertura de la economía aprobada por la Asamblea Legislativa el 11 de junio en la que estaban contempladas las fases de reapertura. El mandatario dijo que era inconstitucional. Como la Asamblea superó su veto la controversia pasó a estudio de la Sala y aún está pendiente la resolución.

Bukele, quien ya vetó por inconstitucionalidad la ley de reapertura emitida por la Asamblea, criticó este viernes a la Sala por declarar inconstitucional el decreto del Gobierno. 

La Sala añade que el referido decreto 32 replica los vicios de inconstitucionalidad advertidos anteriormente en otros decretos y advierte que "es oportuno mencionar que el Decreto Ejecutivo nº 32 no contiene en sí mismo medidas sanitarias que deban ser implementadas en el territorio de la república, o en todas las zonas del país como indica el propio decreto".

En tanto, la Sala ha dado un plazo hasta el 23 de agosto para que continúe vigente el decreto 32 mientras el Ejecutivo y Legislativo se ponen de acuerdo para emitir una legislación al respecto, tal y como lo ha ordenado en ocasiones anteriores.

"Se reitera que el Órgano Ejecutivo, en el ramo de salud, está plenamente habilitado, de acuerdo con el Código de Salud, para emitir auténticos protocolos sanitarios que establezcan medidas, incluso extraordinarias, a tener en cuenta de manera obligatoria por las personas y empresas en los centros de salud, lugares de trabajo, negocios, centros educativos y recreativos, hogares, medios de transporte, etc., para prevenir el peligro, combatir el daño y evitar la propagación del COVID-19; siempre y cuando dichos protocolos no supongan una limitación o suspensión, de hecho, de los derechos fundamentales de las personas, tal como se explicó en la sentencia en cuestión y en los párrafos anteriores", aclara la Sala.

El magistrado Aldo Enrique Cáder explicó su voto concurrente reiterando que la suspensión de derechos fundamentales (como lo que se hace en el decreto ejecutivo 32) solo puede hacerse mediante un estado de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo tiene potestad solamente de regular los derechos.

El magistrado Aldo Enrique Cáder explicó su voto concurrente usando gráficos para mayor comprensión. 

Puso como ejemplo la suspensión del transporte público contemplado en el decreto ejecutivo 32, que tendría que pasar por una aprobación de la Asamblea.
 

Sin embargo, de este punto ya está consciente el Gobierno, pues el viceministro de Transporte (VMT) admitió semanas atrás en televisión que no tienen ninguna facultad legal para prohibir el transporte colectivo y agradeció a los transportistas por no operar pese a que tienen el derecho de hacerlo.

El ministro de Seguridad también reaccionó a la resolución de la Sala emitida esta tarde.

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