Sala suspende a Sánchez Trejo de su cargo en SIGET

Sala ordena a la Asamblea Legislativa crear un mecanismo para nombrar de manera provisional a los directores que terminaron su función en diciembre pasado. Gremiales aseguran que resolución es un buen precedente.
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Foto de LA PRENSA/Josué Guevara Otro cargo.  Sánchez Trejo (al centro) es el presidente de la FEDAES, una organización crucial en la elección de candidatos a magistrados de la CSJ.

Foto de LA PRENSA/Josué Guevara Otro cargo. Sánchez Trejo (al centro) es el presidente de la FEDAES, una organización crucial en la elección de candidatos a magistrados de la CSJ.

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Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendieron ayer el nombramiento de Gregorio Sánchez Trejo y Félix Cantalicio Cardona Cándido como directores representantes del sector privado en la Superintendencia General de Electricidad y Comunicaciones (SIGET).

La suspensión es la medida cautelar que decretó la sala mientras estudia una demanda de amparo promovida por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) en la que señalaron supuestas ilegalidades en la forma en que fueron electos los directores.

“El Gobierno ha venido alterando procedimientos y nos ha venido sacando de las autónomas como lo hizo en 2012, y aquí la sala va a conocer esas violaciones al derecho de asociación”.
Javier Argueta,  director legal de la ANEP

La demanda, por presunta vulneración a la seguridad jurídica y sindical de la ANEP, establece que el representante legal de dicha gremial advirtió ante la comisión de elección que Sánchez Trejo era familiar del vicepresidente de AES, una de las empresas reguladas por la SIGET, y que esto generaría un conflicto de intereses. Sin embargo, la comisión decidió proseguir con el proceso.

“(ANEP) señala que el señor Sánchez Trejo presenta un conflicto de intereses en cuanto a las competencias que desarrollaría al fungir en el cargo de director propietario, puesto que de conformidad al artículo 13, letra a) LSIGET, la junta de directores debe aprobar las tarifas a que se refieren las leyes de electricidad, lo que incluye el pliego tarifario y los términos y condiciones, así como aprobar el Reglamento de Operaciones del Sistema de Transmisión y del Mercado Mayorista Basado en Costos de Producción. Ambas decisiones tienen una consecuencia económica en las empresas vinculadas con el supuesto familiar del señor Sánchez Trejo”, resume la sala en su resolución.

La sala también ordenó a la Asamblea que establezca una medida transitoria para que los directores del sector privado en la SIGET que terminaron su período en diciembre pasado regresen a fungir en el cargo mientras ellos resuelven el fondo del amparo. El director propietario anterior es el director de asuntos económicos y sociales de la ANEP, Waldo Jiménez.

La demanda, según un comunicado de la sala, fue admitida contra el presidente de la república, el ministro de Economía y un asesor legal.

“Estos señores del Gobierno deben entender que vivimos en un Estado de derecho. Ellos  no pueden tomarse una institución, cualquiera que sea”.
Federico Hernández,  presidente de la Cámara de Comercio

Nueva demanda

Miembros de la ANEP también denunciaron que en el proceso se acreditaron 60 asociaciones recién creadas para favorecer con sus votos a Sánchez Trejo. El director legal de la ANEP, Javier Argueta, aseguró que presentarán una denuncia penal por el caso.

Según Argueta, algunos de los notarios que facilitaron este proceso trabajan en la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y dos de sus subsidiarias: Inversiones Energéticas (INE) y LaGeo. “Básicamente, el Gobierno ha venido alterando procedimientos y nos ha venido sacando de las autónomas como lo hizo en 2012, y aquí la sala va a conocer esas violaciones al derecho de asociación y al derecho de libertad sindical”, dijo Argueta respecto a la demanda.

Federico Hernández, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL), coincidió en este punto y enfatizó en que la sala ha sentado un precedente.

“Esto sienta un precedente importante porque estos señores del Gobierno deben entender que vivimos en un Estado de derecho. Ellos no pueden tomarse una institución, cualquiera que sea”, afirmó Hernández.

La Empresa Transmisora Salvadoreña (ETESAL), subsidiaria de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, presentó años atrás un proyecto de expansión valorado en cerca de $800 millones para cuya aprobación completa necesitan dos de los tres votos de la junta de directores de la CEL conformada por el sector privado (por el que fue electo Sánchez Trejo), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Ejecutivo (por el que figura Blanca Coto).

La ANEP se ha opuesto a este proyecto, ya que a su juicio elevará las tarifas de la energía y esto afectará la economía nacional.

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