Sala suspende entrada en vigor Ley de Probidad

Sala de lo Constitucional revisará si los diputados transgredieron la Constitución de la República al aprobar la ley que le quitó facultades a la CSJ de abrir juicios por enriquecimiento ilícito de funcionarios.
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Demandantes.  El Grupo Gestor, integrado por FUSADES, la empresa privada, FUNDE, Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, Centro de Estudios Jurídicos, ISD y la Universidad Francisco Gavidia piden la inconstitucionalidad de la ley.

Demandantes. El Grupo Gestor, integrado por FUSADES, la empresa privada, FUNDE, Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, Centro de Estudios Jurídicos, ISD y la Universidad Francisco Gavidia piden la inconstitucionalidad de la ley.

Alcances.  La Sección de Probidad, una oficina de la CSJ, podrá seguir investigando y sancionando con lo estipulado en la ley sobre enriquecimiento ilícito que fue derogada en diciembre de 2015 por los diputados.

Alcances. La Sección de Probidad, una oficina de la CSJ, podrá seguir investigando y sancionando con lo estipulado en la ley sobre enriquecimiento ilícito que fue derogada en diciembre de 2015 por los diputados.

Sala suspende entrada en vigor Ley de Probidad

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) podrá seguir ordenando juicios por enriquecimiento ilícito de funcionarios. Así lo dispuso ayer la Sala de lo Constitucional de la Corte, al admitir una demanda contra la recién aprobada Ley de Probidad.

La sala admitió por unanimidad la demanda que interpuso el equipo gestor de la Ley de Probidad contra la normativa aprobada a finales de diciembre, en la cual los diputados le habían quitado a la Corte la facultad de abrir juicios por sospechas de enriquecimiento ilícito y se la habían trasladado a la Sala de lo Civil.

La sala, al admitir la demanda, ordenó la suspensión de la nueva ley y estableció que la Sección de Probidad, encargada de recibir y revisar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, podrá seguir investigando y estableciendo sanciones conforme a la ley sobre enriquecimiento ilícito, que había sido derogada.

La suspensión es de carácter temporal y finalizará “hasta que exista un pronunciamiento definitivo en el presente proceso constitucional o, en su caso, hasta que esta sala así lo determine”, sentenciaron los magistrados.

Los demandantes están convencidos de que la ley es inconstitucional y ayer celebraron que la sala accediera a revisar sus planteamientos (lea secundaria).

Posibles violaciones

La sala revisará si con la nueva ley la Asamblea irrespetó el artículo 240 de la Constitución de la República, que dispone que es la Corte la facultada para “tomar las providencias que estime necesarias para comprobar la veracidad de la declaración patrimonial de los funcionarios y empleados”.

La Asamblea aprobó la nueva ley justo cuando la Corte, a través de la Sección de Probidad, había empezado a destapar inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de funcionarios y exfuncionarios y cuando mantenía en curso 30 investigaciones por sospechas de enriquecimiento ilícito. Los demandantes sostienen que los diputados cometieron un “fraude a la Constitución” por desconocer la competencia de la Corte y por omitir la restitución al Estado de los fondos obtenidos ilícitamente por un funcionario.

Los magistrados de lo Constitucional también analizarán si la nueva ley vulnera la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, ya que a juicio de los demandantes los diputados aprobaron una normativa “sin dientes” para combatir la corrupción por “omitir la regulación de los mecanismos necesarios para garantizar la probidad de los funcionarios en el manejo de fondos públicos”.

Los magistrados le otorgan 10 días hábiles a la Asamblea Legislativa para que rinda un informe donde argumente si existe o no la inconstitucionalidad señalada por los demandantes. Ayer algunos diputados adelantaron que consideran que la nueva ley es mejor que la de enriquecimiento ilícito.

El abogado Herbert Danilo Vega ha interpuesto otra demanda contra la Ley de Probidad, en la que señala vicios en el proceso de formación de la normativa, pero los magistrados aún no la han analizado.

La sala informó en un comunicado que votaron a favor de la admisión los magistrados Florentín Meléndez, Rodolfo González, Belarmino Jaime, Sídney Blanco y el suplente Eliseo Ortiz, en sustitución del presidente de la sala, Armando Pineda Navas.

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