Sala suspende reformas a Ley de Extinción de Dominio

Los magistrados de lo Constitucional señalaron que la Asamblea se contradice y que su actuar genera indicios de fraude a la Constitución de la República.
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L a Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió ayer la entrada en vigor de las reformas que la Asamblea Legislativa le hizo a la Ley de Extinción de Dominio en la plenaria del 18 de julio pasado, con las que, entre otras cosas, los diputados habían inhabilitado a la Fiscalía General de la República (FGR) para inmovilizar bienes en la etapa intermedia de un proceso de extinción.

La Asamblea había reformado el instrumento con el que la Fiscalía estaba recuperando bienes de procedencia ilícita. Por ejemplo, los diputados reformaron la ley para que los casos de corrupción de funcionarios prescribieran a los 10 años y los del crimen organizado a los 30; también habían adicionado una etapa más en la audiencia para revisar medidas cautelares.

Los magistrados de la Sala de lo Constitucional consideraron tres razones fundamentales para emitir la medida cautelar. Primero, que las reformas alteran “el objeto de control en el sentido que en muchos casos establecen regulaciones opuestas a las que se encontraban vigentes en el momento de la formulación de la pretensión de inconstitucionalidad”. Segundo, consideraron que las reformas emitidas por la Asamblea generan indicios de fraude constitucional, debido a que existe una contradicción entre las razones por la que los diputados aprobaron la ley, luego defendieron su constitucionalidad ante los magistrados de lo Constitucional y, finalmente, decidieron reformar dicho cuerpo de ley.

La resolución de la sala señala que la Asamblea Legislativa argumentó antes de las reformas con las que la Ley de Extinción de Dominio se aprobó porque es necesario acatar y fortalecer las medidas ordenadas por organismos internacionales contra el crimen organizado y la corrupción, robustecer el Estado en contra de la delincuencia, que la única vía para construir patrimonio y riqueza en El Salvador debe ser la vía legal y que era necesario la creación de un instrumento legal autónomo como dicha ley.

La Asamblea pidió en su informe a la sala por el recurso de inconstitucionalidad presentado por el abogado Luis Mario Pérez Bennett, y antes de aprobar las reformas, que no se declarara inconstitucional la Ley de Extinción de Dominio, y emitió argumentos para defender hasta el uso provisional de los bienes que se decomisan como medida cautelar y validar la facultad de la Fiscalía para romper el secreto bancario.

“Las reformas podrían permitir la legitimación o protección de la adquisición de bienes por medios ilícitos o la destinación de los mismos a fines que no sean lícitos... Si bien la incoherencia institucional de la Asamblea Legislativa no es una razón suficiente para invalidar las reformas a la LEDAB, sí puede ser considerada como un indicio de fraude a la Constitución. La razón es que, en principio, se afirma que se ejerce la competencia atribuida por la Constitución para perseguir la adquisición o destinación ilícita de los bienes, pero luego se debilitan o anulan las herramientas legales”, señaló la sala.

La tercera razón de los magistrados es que si las reformas entran en vigencia y se aplican “podrían también producir situaciones jurídicas consolidadas contrarias a los intereses de la justicia en la persecución del crimen organizado y la corrupción”.

Políticos reaccionan

“Me parece que la decisión de la sala es acertada y oportuna. Es un claro revés a las negociaciones oscuras que se dan en la Asamblea. No deja de ser penoso que nos siguen corrigiendo la plana”, comentó el diputado de ARENA, Johnny Wright.

Por su parte el jefe de fracción del PCN, Mario Ponce, la resolución de la sala era algo que ya esperaban porque a su criterio estas reformas no se hicieron de la mejor manera.

“Era de esperar una resolución de la sala como esa en estos momentos. Todo lo que haga el Ejecutivo y lo que haga el Legislativo está en la lupa de la Sala de lo Constitucional y las cosas que no se han hecho bien en este país, ya sea el Legislativo o el Ejecutivo, la sala está obligada a rectificar la plana, a ordenar que se hagan las cosas apegadas a derecho. Lo que la sala ha expresado es defender la institucionalidad y buscar por todos los medios que estas no se debiliten”, dijo el legislador.

Dos pecenistas, Reynaldo Cardoza, quien enfrenta un proceso de extinción, y Francisco Merino, votaron por las reformas.
 

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