Sala valora alcances de fallo $900 millones, dice magistrado

Sidney Blanco reconoció atraso y habló del papel de jueces en coyuntura actual.
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Sin acuerdo.  El magistrado reconoció que se han atrasado en dictar resolución sobre los bonos por $900 millones que están congelados.

Sin acuerdo. El magistrado reconoció que se han atrasado en dictar resolución sobre los bonos por $900 millones que están congelados.

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El magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Sidney Blanco, explicó ayer que analizan las implicaciones de una eventual declaratoria de inconstitucionalidad del decreto para la emisión de bonos por $900 millones, el cual fue aprobado con los votos de diputados suplentes y tras un intento fallido el 23 de abril de 2015.

El principal argumento de esa demanda es que hubo una violación a la Constitución de la República porque en una misma sesión plenaria se votó por un proyecto de ley que ya había sido rechazado. Los demandantes también plantean que los diputados suplentes no tienen legitimidad para aprobar ese tipo de decretos, porque no fueron elegidos por la ciudadanía en las urnas; y, finalmente, porque para ese caso se llamó a votar a un suplente cuando estaba la propietaria.

“Aquí el problema no es si la sala está de acuerdo en autorizar el endeudamiento del Gobierno, nosotros en ningún momento vamos a hacer valoraciones si el país necesita porque no es eso lo que están reclamando los demandantes”, dijo Blanco, durante la entrevista con “Pencho y Aída”.

La sala únicamente evalúa aspectos de forma y no de fondo, dijo el magistrado, lo que significa que se ceñirán a revisar si la Asamblea siguió el procedimiento y el método adecuado para aprobar la emisión de esa deuda pública.

Blanco reconoció el retraso en resolver esa demanda que fue admitida en junio de 2015, pero dijo que obedece a que “decidir si los suplentes tienen legitimidad no es un tema fácil. Hay que pensar los efectos que esto puede producir”.

Otras valoraciones

El papel del Órgano Judicial en la coyuntura actual, dijo el magistrado, consiste en darle prioridad a los derechos de las víctimas, sobre los derechos de los imputados, aunque sin anular las garantías para estos. “Es que aquí la sociedad es la víctima, hay una masificación de víctimas. Cuando se firmó la paz, lo que creímos que seguía era la felicidad...”, comentó el magistrado y que calificó la situación como dramática.

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