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Salen de las pandillas para integrar nueva estructura criminal

Se hacen llamar Los Retirados y, según la Fiscalía, iban ganando terreno en Ahuachapán, Metapán, San Miguel, Nahuizalco, Santa Ana y La Libertad. Faltan 19 miembros por capturar.
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Una nueva organización criminal es la señalada de cometer varios hechos delictivos en el departamento de Ahuachapán, cuyos miembros se autodenominan Los Retirados. Son más de 50 hombres y mujeres que anteriormente pertenecían a las dos pandillas que operan en el país. Esto es parte de los resultados obtenidos por la Fiscalía General de la República (FGR) en una investigación.

De Los Retirados, 24 fueron detenidos el 24 de mayo por la madrugada, en el municipio de Jujutla (Ahuachapán) y las colonias Regalo de Dios, Las Brisas y Carrillo de la cabecera departamental; 13 ya habían sido capturados por diversos delitos y se busca a 19 más.

La FGR afirma que en total son 56 los miembros de esta organización criminal, que ya se había extendido a otros lugares del país como Metapán (Santa Ana), Ahuachapán, San Miguel, Nahuizalco (Sonsonate), Santa Ana y La Libertad.

“Esta nueva estructura delincuencial acogía a todos los pandilleros que por alguna razón se habían retirado o alejado de sus clicas. Aquí estaban revueltos los miembros de las pandillas, no había exclusión para nadie”, dijo uno de los fiscales de la Unidad de Vida de Ahuachapán.

Este funcionario explicó que una de las obligaciones de los miembros de este grupo era eliminar cualquier tatuaje de su antigua pandilla. “En caso de que el sujeto no tuviera uno (tatuaje) debía hacérselo y tacharlo, eso era como una especie de su iniciación. Además, algunos de los integrantes de esta estructura se tatuaban la letra R”, señaló.

Uno de los objetivos primordiales de dicha estructura era asesinar a sus antiguos compañeros y de esa manera ir ganando territorio y respeto entre las dos principales pandillas. A diferencia de las organizaciones terroristas, entre los retirados no existe orden jerárquico.

“Ellos no tenían distinciones ni rangos, no había alguien más importante que otro dentro de esta organización, simplemente había una voz de mando que coordinaba cada uno de los delitos que se cometerían”, explicó el fiscal.

En ese sentido, a los retirados se les atribuye más de una veintena de ilícitos que se cometieron a lo largo del país. “Son siete los homicidios agravados que cometieron, un homicidio tentado, ocho robos, una violación y cuatro hurtos”, según las pesquisas.

Entre las víctimas del grupo está el Complejo Educativo Arturo Romero, ubicado en el cantón Chancuyo, de Ahuachapán, de donde sustraerían el dinero que los alumnos tenían ahorrado para la despedida de fin de año, pero al ver frustradas sus intenciones decidieron robar otros objetos.

“El robo fue el 19 de septiembre de 2013, cuando ingresan en horas de la noche al centro educativo con la idea de llevarse los ahorros que los alumnos de tercer ciclo habían hecho para la despedida de ese año. No los encuentran y se llevan un microscopio, computadoras portátiles y abundante material didáctico, además de $50 que habían dejado en uno de los escritorios”, relató el fiscal.

Otro de los hechos por el cual están acusados es el intento de asesinato de una mujer, por el cual recibirían $4,000. “Este caso fue una cuestión de sicariato, ellos vigilaron a su víctima y antes de que llegara a su vivienda le dispararon, pero no lograron su objetivo. La víctima logró huir y se salvó. En esta ocasión ellos recibirían $4,000 por el asesinato que fue ordenado por otra mujer que reside en San Salvador”, comentó otro de los fiscales involucrados en la investigación.

La FGR manifiesta que Los Retirados tenían varios años de delinquir y que fue en 2015 cuando se comenzó a investigar con la ayuda de varios testigos criteriados que narraban cómo se planificaban y cometían los hechos.

“La policía logra la captura justo a tiempo porque esta organización iba creciendo aceleradamente y podía volverse extremadamente peligrosa. No sabemos hasta qué punto, pero sí iba adquiriendo cada día más expansión y terreno a base de delitos”, manifestaron los fiscales.

Ellos explicaron que en los últimos años Ahuachapán se ha convertido en un refugio para cientos de pandilleros, debido a que se encuentra alejado de otras ciudades con altos índices de violencia.

Durante la audiencia inicial contra los capturados, el juez Especializado de Instrucción decretó la detención contra los reos presentes y dio un plazo de seis meses a la Fiscalía para que fortalezca los pruebas que tiene en contra de los imputados, así como la posibilidad de mostrar otros aspectos acusatorios.

Se intentó obtener más información sobre el caso con las jefaturas de la Unidad de Investigaciones o elementos de Sección de Análisis y Tratamiento de la Información de la Policía de Ahuachapán, pero no fue posible obtener declaraciones.

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