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Salud gestionó mascarillas de manta para trabajadores de salud en San Miguel

Los insumos de protección fueron comprados por el Hospital Nacional de Ciudad Barrios, San Miguel. Especialistas critican la entrega .

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Reclamo. Personal de salud ha denunciado en distintas ocasiones que no recibe equipo idóneo de protección.

Reclamo. Personal de salud ha denunciado en distintas ocasiones que no recibe equipo idóneo de protección.

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Un total de 450 mascarillas de manta fueron entregadas a médicos y enfermeros del Hospital Nacional "Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez", de Ciudad Barrios, San Miguel, donde atienden a pacientes confirmados y sospechosos de COVID-19, así se establece en una orden de compra del hospital, avalada por el Ministerio de Salud y fechada el 20 de abril de este año.

Esa acción ha sido criticada por especialistas quienes aseguran que el entregar mascarillas de este tipo es claramente un desconocimiento del protocolo de seguridad para los trabajadores que se encuentran en primera línea combatiendo el coronavirus.

Consecuencia. Al menos 75 trabajadores de salud han muerto por la pandemia.

Según el presidente del Colegio Médico, Milton Brizuela, el personal médico debe estar debidamente protegido con respiradores, como mínimo N95. "Ya no estamos en un momento que solo médicos y enfermeras se pueden contagiar, sino todo el personal que tiene contacto directo con los usuarios del sistema de salud está expuesto. Todos deberían tener el mínimo una mascarilla quirúrgica o respiradores N95 para evitar el contagio", mencionó Brizuela.

Mientras que el infectólogo, Jorge Panameño manifestó que "darle mascarillas de tela a la gente para que atienda pacientes es algo que no tiene nombre, y estar entregando material que está marcado desde su origen que no es para uso médico. Puede ser para protegerse del polvo o de otra cosa pero no para filtrar un virus".

“El dar ese tipo de material significa un desprecio por los trabajadores de la salud”. 

Jorge Panameño, Infectòlogo

Ahondó que, "una mascarilla de tela no es protección, el dar ese tipo de material al personal de salud significa no solo desconocimiento de los mismos protocolos; sino que también es un desprecio por los trabajadores de la salud, quienes son enviados como carne a enfrentarse a un virus altamente mortal en las condiciones que están trabajando".

"Un trabajador de la salud está expuesto a múltiples ambientes de cargas virales y los riesgos son otros, más cuando hay que tratar a pacientes cara a cara. En este contexto, el material de protección personal incluye más que mascarillas son respiradores, cuyo mínimo debe ser N95, según la clasificación de agencias de seguridad laboral", explicó Panameño.

Además de la controversia por el tipo de material de las mascarillas gestionadas, se le suma el precio de esos insumos. Según el documento de compra, el gasto total fue de $508.50. Esas mascarillas de manta tuvieron un valor unitario de $1.13, precio que está por encima de los costos máximos fijados por la Defensoría del Consumidor. La fijación de precios máximos para este insumo de protección establece que la mascarilla rectangular desechable (no quirúrgica) tiene un valor de $ 0.20 por unidad, la mascarilla rectangular desechable (quirúrgica) $ 0.26 por unidad, mascarilla cónica $0.27 centavos por unidad y los respiradores N95 sin válvula de exhalación a $ 2.60.

Este periódico buscó la versión de las autoridades del hospital, pero no hubo respuesta positiva. El 17 de julio pasado, también se conoció que el Ministerio de Salud entregó mascarillas de hule, con filtros de tela, a médicos de diferentes hospitales del país, entre ellos, del Hospital San Pedro, de Usulután. El equipo provoca irritaciones entre quienes lo han utilizado.

Anteriormente a eso, Salud también fue cuestionado por entregar compra de mascarillas de uso no médico para médicos. En unas imágenes compartidas desde las redes sociales oficiales del Gobierno mostraban cajas de insumos médicos clasificados como "non medical", es decir, "de uso no médico". Ante esto, el ministro de Salud, Francisco Alabí, se justificó diciendo que se trata solo de un trámite para facilitar las exportaciones desde un país asiático.

 
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