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Sanción de EUA genera trabas para indagar lavado: Fiscalía

La Unidad de Investigación Financiera de la FGR busca una reforma que le permita separar a los analistas de los fiscales. También pretende que la Asamblea avale reformas para perseguir testaferros y colaboradores, así como crear un sistema de vigilancia más sólido.
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Lento y poco confiable. Los analistas y fiscales de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) se enfrentan a un proceso lleno de trabas para conseguir información sobre operaciones sospechosas de salvadoreños en Estados Unidos (EUA) que podrían responder al delito de lavado de dinero y activos.

“Lo que no podemos hacer es cruzar información con Estados Unidos, tenemos información, pero a través de los convenios internacionales. Con el otro formato (a través de FinCEN, el organismo que trabaja con inteligencia financiera dentro del Departamento del Tesoro de EUA) que es más expedito y confiable, no podemos hacerlo”, confirmó a LA PRENSA GRÁFICA Jorge Cortez, jefe fiscal de la UIF.

La traba data desde 2014, cuando Estados Unidos decidió suspender el envío de información confidencial financiera después de que el expresidente de la república Mauricio Funes presentó en televisión abierta un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) que Estados Unidos había enviado al país sobre unas transacciones millonarias en las cuentas del expresidente Francisco Flores. Ese Reporte de Operaciones Sospechosas es el que dio paso a la investigación penal contra el expresidente Flores, ya fallecido, por el desvío de $15 millones que el Gobierno de Taiwán donó a El Salvador para proyectos sociales entre 2003 y 2004.

Aunque Cortez se cuidó de no mencionar con todas sus letras la filtración de ese ROS de las cuentas del expresidente Flores como responsable de la sanción, reconoció que la UIF no tiene “la misma celeridad” para conseguir datos de posibles transacciones sospechosas debido a que FinCEN tildó de poco confiable esa filtración de datos.

El jefe fiscal dijo, a modo de ejemplo, que si él pide una información por medio del FinCEN “lo más que se tarda es una semana porque mi homólogo me tramita la información”; sin embargo, por ahora, agregó, les toca “ir a la Corte Suprema de Justicia y ella lo manda a cancillería con un suplicatorio y tardamos hasta un año medio en tener la información”.

El flujo de información que podría compartir Estados Unidos con El Salvador de forma más expedita podría ser clave para amarrar muchos más casos de lavado, que puede ser definido como “una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulen sin problema en el sistema financiero”, de acuerdo con la UIF.

La principal actividad generadora de grandes capitales ilícitos en esta geografía donde está enclavado El Salvador es el narcotráfico. La Organización de Naciones Unidas calcula que en América los ingresos anuales provenientes de las drogas ascienden a los $150,000 millones. Los referidos a la cocaína, y solo la que se vende en Estados Unidos, llegan hasta los $34,000 millones.

Superar bloqueo con una reforma

Para Cortez, la sanción fue impuesta porque FinCEN consideró que esa filtración de información podría estar relacionada con la forma conjunta en que trabajan fiscales y analistas dentro de la UIF. Por ello, dice, la salida para solventar el bloqueo pasa precisamente por reformar el funcionamiento de la unidad especializada de la Fiscalía General de la República (FGR).

“En el área de inteligencia financiera debe haber un jefe con mando, que perfectamente puede ser miembro de la Fiscalía pero que no estaría en línea vertical con el fiscal, más que solo por aspectos administrativos. El fiscal no podría solicitarle al jefe del área financiera que deje de hacer o que haga un análisis financiero tras la llegada de un Reporte de Operaciones Sospechosas”, dijo Cortez.

El jefe fiscal aseguró: “Por ahora no ocurre, pero el FinCEN cree que fue lo que sucedió (con el ROS). Que el jefe puso en conocimiento al fiscal general de ese entonces y luego eso se salió del control”.

La visión de FinCEN es que no existan fiscales sino que solo analistas financieros y expertos en informática dentro de una unidad de investigación financiera. Cortez dice que no les causa problema que la entidad, compuesta por 25 fiscales y 10 analistas financieros, siga dentro de la FGR. Así como está ahora.

El paquete de la reforma, que según Cortez será presentado a la Asamblea en marzo próximo, también incluye la inclusión de otros delitos que la ley no contempla: encubrimiento, conspiración para el lavado y testaferros.

Para Rafael Mena, un abogado certificado en temas económicos, la separación de los analistas de los fiscales, tal como lo propone Cortez, es una reforma necesaria para darle autonomía a la unidad.

“Deben incrementar el personal de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía y darles autonomía total. Eso pasa por estar bastante separados del resto de unidades de la Fiscalía”, dijo.

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