El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) sancionó a Jennifer Juárez, alcaldesa de Apopa por Nuevas Ideas, con $1,095 por haber participado en la decisión de la contratación de su primo Carlos Alonso Flores García como subgerente de desarrollo territorial. 

Esto va en contra del artículo 5 de la Ley de Ética Gubernamental que establece que la alcaldesa, en su cargo, debía “excusarse de intervenir o participar en asuntos en los cuales él, su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio, tengan algún conflicto de interés”. 

LA PRENSA GRÁFICA publicó en 23 de octubre 2021 que García fue contratado con un salario de $1,500. Concejales de la alcaldía explicaron a este medió que antes de la contratación, esta plaza, en papel, había sido suprimida por el nuevo concejo, que asumió en mayo 2021. Así lo confirmó  Miguel López, el exsubgerente de Desarrollo Territorial despedido por las nuevas autoridades en junio. 

López tenía ocho años de trabajar en la alcaldía y le dijeron que su despido obedecía a que la plaza sería suprimida. Pero no era cierto. Luego de su despido, la alcaldía llamó al primo de la alcaldesa, que según el síndico de la comuna estuvo a prueba tres meses, hasta la ratificación de su plaza, aprobada el pasado 6 de octubre.