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Santa Ana: juez mantiene cárcel para miembros de una familia

Están acusados de secuestrar a un amigo y exigir 20,000 por su liberación.
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 Tres hombres de una misma familia continuarán en prisión por orden del Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana, al concluir la audiencia de imposición de medidas.

Según la acusación de la fiscalía, los hermanos Kevin y Paolo Giuseppe Álvarez Lenarduzzi, de 26 y 23 años, junto a otro familiar más, identificado como  Juan Carlos Benítez  Lenarduzzi, de 27, son los responsables de secuestrar a un amigo que tenían en común, identificado solamente como "Dionisio".  Paolo Guisseppe  también enfrenta cargos  por el delito de robo agravado.

La fiscalía solicitó cuatro meses de instrucción para fortalecer las pruebas contra los tres detenidos, lo cual fue aceptado por el juez antimafia Tomás López Salinas. Entre las pruebas se encuentra la recuperación del vehículo de la víctima, en el cual se habría cometido parte del secuestro.

Según el expediente presentado en el tribunal antimafia, el caso es investigado por fiscales junto a personal de la División Élite Contra el Crimen Organizado (DECO) de la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con la PNC, los supuestos hechores,  aprovechándose de la amistad que existía con la víctima, decidieron privarlo de libertad en Sonsonate el pasado 9 de julio, mientras se encontraban haciendo trámites en un centro comercial.

De acuerdo con la información, los acusados exigieron a la familia de la víctima 20,000 dólares a cambio de su liberación.

Dos días después, el 11 de julio, al percatarse que existía una investigación policial, los presuntos hechores decidieron abandonar a la víctima en la carretera que de Sonsonate conduce hacia  la Frontera La Hachadura (Ahuachapán), a la altura del Km 83 sobre desvío a Cantón El Sálamo, Caserío San Pedro Belén, jurisdicción de Acajutla.

La DECO capturó a los hermanos Álvarez Lenarduzzió en el municipio de San Marcos, en San Salvador, mientras que Juan Carlos Benítez fue detenido en Sonsonate.

Durante el operativo desarrollado en ambos lugares, la DECO incautó celulares desde los cuales se cree se realizaron las llamadas para exigir el rescate, además de dos vehículos, uno de ellos perteneciente a la víctima.

La policía investiga la posible vinculación de los procesados a una estructura delincuencial que se está organizando en la zona occidental del país, dedicada a este tipo de delitos.

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