Se confirma pago de alcaldía a Bunker y pedirán suspender contrato

En un inicio negaron la relación con la empresa que es investigada por los ciberataques a medios de comunicación, pero al final el subgerente legal de la comuna entregó documentos que los unen.
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El subgerente legal de la Alcaldía de San Salvador, Julio Rosales, entregó documentos que evidencian la relación contractual entre la alcaldía de San Salvador y la empresa Blue Group S. A. de C. V., investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) por ser parte de la red de “troll center” desde donde se habría orquestado, planificado y ejecutado los ciberataques en contra de los matutinos LA PRENSA GRÁFICA y El Diario de Hoy.

La entrega que hizo Rosales consiste en facturas y otros documentos en el que se reconoce el vínculo laboral entre ambas partes. Esto fue posible hasta que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) admitiera una demanda de apelación contra la resolución que entregó el oficial de Información Pública de dicha municipalidad, en la que se declaraba la inexistencia de documentos sobre el contrato que hay con la empresa que desarrolló la aplicación Sívar.

Uno de esos documentos provienen de parte del gerente de tecnología, Vladimir Roberto Hándal, que fueron enviados al subgerente legal de la alcaldía en el que expresa: “Le envío información solicitada por su persona donde requiere las razones por las cuales se procedió a contratar a Blue Group S. A. de C. V.”.

El mismo documento consigna en la parte inferior que “se recibieron tres ofertas en base (sic) a los requerimientos realizados por esta unidad y se escogió a Blue Marketing (Blue Group S. A. de C. V.) por cumplir con todos los requisitos técnicos solicitados en las especificaciones técnicas enviadas a la UACI y porque contaba con el mejor precio en relación a las demás oferentes”.

El otro documento es el que mandó el jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), Carlos Ernesto Palacios, siempre al subgerente legal de la comuna capitalina.

En el documento oficial, Palacios expresa que “la modalidad bajo la que se contrató a Blue Group S. A. de C. V. es bajo libre gestión, el cual es un proceso simplificado para que las instituciones realicen las adquisiciones correspondientes de bienes, servicios y obras hasta por el monto límite establecido por la ley de conformidad al artículo número 68 de la LACAP”.

Otro de los documentos que entregó el subgerente legal son las facturas que emitieron tanto la alcaldía de San Salvador, en la que pagaba $32,000 por el servicio que brindaría Blue Group, así como la factura que Blue Group le entrega a la alcaldía en la que lo reconoce como “Cliente".

Previo a eso, la gerencia de tecnología había definido los términos de referencia que debía cumplir la empresa que brindaría el servicio de la aplicación web Sívar. En este se detalla que el servicio será por 30 meses, en los que se incluyen servicios de mantenimiento, adecuación y actualización de la aplicación.

El concejal del partido ARENA, Edwin Zamora, expresó que pedirá que la alcaldía termine cualquier vínculo con Blue Group (ver nota secundaria).

La red de “trolles” y Bukele

La relación contractual entre la alcaldía y Blue Group S. A. de C. V. es controversial debido a que dicha empresa es manejada por José Carlos Navarro, conocido como “Payaso sin gracia”, y Mayra Morán. Ambos son parte de los imputados que la FGR acusa de estar detrás de los ciberataques a LPG y EDH.

También, porque la misma fiscalía ha manifestado que todo apunta a que el alcalde Nayib Bukele es quien lideraría toda la red en la que también figura Sofía Medina, empleada de confianza del alcalde desde que gobernaba Nuevo Cuscatlán, La Libertad, y actualmente se desempeña en el cargo de gerente de comunicación social de la Alcaldía de San Salvador.

Los otros implicados son Andrés Ortiz Lara, Óscar Domínguez y Hugo Gilmar Erazo. De los seis que están procesados en el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, solo Ortiz Lara guarda prisión.

El resto pagó fianzas que oscilan entre los $10,000 hasta los $25,000. Ellos son acusados de los delitos de violación a los derechos de autor y derechos conexos, violación a distintivos comerciales, falsedad material y agrupaciones ilícitas.

Para el apoderado legal de LA PRENSA GRÁFICA, Arístides Perla, lo que la comuna capitalina pretendía, al declarar inexistente la documentación sobre la relación contractual con la empresa Blue Group, es no reconocer el vínculo y relación entre ambos.

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