Se puede obligar a devolver la deuda política”

A cuatro meses de dejar su cargo, el magistrado de lo Constitucional habla de los tres casos que deben priorizar. Y también opina sobre el perfil que deben tener sus sucesores.
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Se puede obligar a devolver la deuda política”

Se puede obligar a devolver la deuda política”

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Rodolfo González, uno de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, hace una evaluación del cumplimiento de las sentencias que emitió la Sala en materia electoral. Critica algunas prácticas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), aunque considera que hubo un relativo cumplimiento de los fallos. También habla sobre el proceso de elección de los nuevos integrantes de la Sala de lo Constitucional, ya que él y otros tres magistrados finalizan su período en julio próximo. A su juicio, el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) tiene la posibilidad de aplicar la jurisprudencia y de controlar la lista de candidatos que resultó de la elección que hizo la Federación de Asociaciones de Abogados (FEDAES).

¿El Tribunal Supremo Electoral cumplió con las resoluciones electorales?

El Tribunal se estuvo quejando todo el año pasado, recuerdo hasta por ahí en agosto o septiembre, que no se les daba suficiente presupuesto. Se decía que se les había recortado 2 millones y medio (de dólares). Una vez escuché a uno de los magistrados del Tribunal decir que se le había recortado 2 millones y medio justo en el tema de alimentación y transporte. Dijeron también que hubo apatía, gente que no llegaba a capacitarse. Y todos nos enteramos, con cierta sorpresa, que un día antes, o el día de las elecciones, de que a personas que habían llegado a recibir su credencial les decían que no era necesario porque habían complementado con gente del partido. Yo puedo entender algo, que ha sido señalado por académicos, en países vecinos o de la región a veces ha costado más de una elección y períodos relativamente largos conseguir entender o ver cómo funciona esto de la ciudanización, pero en este punto podemos hablar de cumplimientos parciales o no plenamente satisfactorios de cómo se reguló en el fallo y cómo estaba regulado en la propia ley. En 2015, sobre un universo de 640,000 votos, o 620,000 votos de San Salvador se determinó que 21,000 votos habían sido ilegalmente anulados. A nosotros la impresión que nos quedó en la Sala es que los llamados aparatos de defensa de votos de partidos no solo son de defensa de votos del partido, sino de anulación de votos contrarios. Ha sido un buen primer ejercicio. Habrá que ver en este número tan alto de nulidades, no sé si puede medir esto por el Tribunal, qué factores pudieron incidir en el alto número de votos nulos, pero no creo que se deba a lo que sucedió en 2015.

En centros de votación se dejó fuera a algunos ciudadanos. ¿Van a revisar esto?

No estoy seguro de que haya venido alguna demanda, pero sí que el tiempo nos da para poder hacer alguna audiencia de seguimiento.

Magistrados insisten en que lo complejo del proceso provocó los errores que hemos visto...

El voto por rostro es tercer ejercicio y el voto cruzado es segundo ejercicio. ¿Qué de complejo puede tener sumar fracciones? No he escuchado, salvo al magistrado presidente del TSE, que tiene esa manía con el tema, que sea el sistema más complejo del mundo. No he escuchado de observadores o de otros actores del proceso que haya sido esa complejidad la causa de los retrasos. Si están concluyendo en estos días, estamos hablando de dos semanas y media, que no fue la situación tan caótica de 2015.

Yo pensaría que sí, vaya, parece que, recién ayer o ahora vi que hubo un problema de confusión entre voto preferente y cruzado, puede ser algo de capacitación; esta vez tuvieron tres años. La vez pasada dijeron que solo cuatro meses habían tenido. El mismo TSE que administró el proceso de 2015. No veo que haya una excusa justificada.

En el marco de la campaña electoral, el Ministerio de Hacienda desembolsó dinero de la deuda política a algunos partidos, a pesar de estar vigente la medida cautelar de la Sala. ¿Esto no ha generado debate entre ustedes?

El punto hasta que se ha llegado es un informe del TSE en el que se nos hizo saber que informó al Ministerio de Hacienda en el sentido de que no había determinado la medida cautelar y no tenían la capacidad de levantar la medida cautelar. Pero sí le informaron, y nos mandaron copia de la nota, que le dieron al Ministerio de Hacienda, diciendo que los partidos sí habían cumplido con obligación de revelar a sus financistas.

La Sala de lo Contencioso Administrativo, que había admitido una demanda del ministro de Hacienda y había adoptado una cautelar, pues en seguimiento de nuestra resolución la revocó en noviembre del año pasado y hasta ese punto se ha llegado. En algún momento dijimos que si se entregó financiamiento de deuda política a uno o varios partidos, que al final se logrará determinar que no cumplió con lo ordenado en el fallo de cumplir con democracia interna y con transparencia en cuanto a financiamiento, pues se puede obligar incluso a devolverlo; ese dinero no se pierde solo por el hecho de que se adelantó.

Ese punto está pendiente de revisarse. Creo que se pidió un informe al ministro de Hacienda sobre cuál fue la base para entregar el adelanto. Creo recordar que han sido los partidos los que pidieron que se diera por cumplida la sentencia de la Sala, pero esa sentencia la Sala no la ha tenido por cumplida. El caso está abierto, fallado pero pendiente de resoluciones que sean necesarias de seguimiento.

La nueva legislatura va a elegir a magistrados de la Sala de lo Constitucional. Hemos visto una FEDAES en conflicto y el CNJ está en su proceso. ¿Cómo ha visto este trabajo?

Hay una normativa importante del CNJ, la cual se le encomienda en su ley orgánica, en el reglamento y en un manual que ellos mismos han aprobado. Da la posibilidad de revisar la lista de candidatos que recibe para ver si no hay alguna circunstancia que implique incumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, previa, de conocimiento superveniente o una situación que se conozca después de las elecciones que descomponga la lista. El reglamento y el manual le da facultad expresa al CNJ que le pida a FEDAES completar la lista si decide separar a alguno de los candidatos que tenía una condición incompatible con la Constitución y se supo hasta después, o incurrió en una situación sobreviniente que lo hace incompatible.

Sí percibo en la ley orgánica del CNJ, reglamento y manual, competencias expresas para hacer un control o revisión de la lista de FEDAES.

El CNJ ha dicho que los parámetros de ese control los va a determinar en una sesión extraordinaria ¿Debe revisar únicamente la formalidad o entrar a indagar a fondo a los candidatos?

Es difícil desde la Sala decirle al CNJ, en algo que no sea una sentencia, qué es lo que va a hacer. Podemos recordar nuestra jurisprudencia. En la Ley de la Carrera Judicial, en el Código Iberoamericano de Ética Judicial, en la Exposición de Motivos de la Constitución, se hace referencia a la incompatibilidad de un vínculo partidario con el ejercicio de la judicatura. Nosotros hemos hablado de los ámbitos donde hay jurisdicción, de esa incompatibilidad para todos los que administramos justicia, eso ya está. Y el CNJ tiene, según como interprete sus facultades en esa sesión extraordinaria, tiene, a mi juicio, la posibilidad de aplicar la jurisprudencia y determinar si hay incompatibilidad o incumplimiento de requisitos constitucionales. Está tan expreso que se le faculta pedirle a FEDAES que sustituya algunos de los que envió en la lista de los 15. En esto es fundamental el rol del CNJ.

¿Era legal que la FEDAES pusiera estos filtros?

A FEDAES se le pidió que aplicara esos filtros para evitar que luego se cayera la integración de la lista.

Sí, no está claro lo de FEDAES; digamos por eso que solo aparece en la Constitución que las asociaciones de abogados harán un proceso de selección.

Los atestados (documentación) de los candidatos evidencian que muy pocos tienen especialización en materia constitucional. ¿Considera esto como un déficit?

Nunca he sido partidario de integrar un tribunal constitucional solo con constitucionalistas, pero por supuesto que la capacidad es tan importante, por cosas tan básicas como esta: algunas veces se plantean demandas sobre un tema que de verdad en otros países lleva décadas. Se tomó una decisión, hubo una reacción de la sociedad y de la comunidad de especialistas, y a veces esos tribunales ya vienen de regreso, replanteando y matizando su propia jurisprudencia, y no vamos a terminar en el país inventando la rueda.

Le diría que, además de la capacidad técnica, hay un punto; yo lo he dicho en el ámbito académico. Usualmente se le atribuye al presidente de la república que debe de ser estadista, que debe tener visión de país y no solo estar pensando en el caso concreto o en la coyuntura actual, sino en sentar bases. Esa visión de estadista o de país también opera para los diputados, para los ministros y para los magistrados de la Corte.

Es decir, a veces les recomiendan cuando resuelve un caso, más que pensar en este caso, tiene que pensar en lo que va a venir después. Este caso va a ser un precedente que luego va a dar lugar a una línea jurisprudencial que pueden terminar cambiando un estado de cosas, el sistema educativo, las relaciones familiares, la estructura territorial sobre la autonomía municipal, el sistema electoral, entre otras. No creo que sea imposible medir la visión de país que pueda tener y que van a echar a andar en sus fallos los aspirantes a la Corte.

Además de la capacidad técnica, yo creo que es fundamental la visión de país y el carácter, porque acá va a estar en un punto donde convergen visiones e intereses. Y el magistrado va a estar donde hay un mucho jaloneo de intereses, de sectores, y tiene que tener el temple, la capacidad, la valentía, el carácter, para fallar sobre lo que ordena la Constitución y los tratados internacionales.

Es legal revertir muchas cosas que ustedes han hecho. ¿Ve posible que se maticen resoluciones trascendentales en la próxima administración?

Con la jurisprudencia no hay que verlo como una cosa sola de abogados o jueces. Hay una recepción social de la comunidad de especialistas, de la academia, de abogados, de sindicatos, de las iglesias. Hay una recepción que refleja aceptación o rechazo y que termina incidiendo. Uno ejerce una potestad pública desde estos cargos.

Identifico tres temas fuertes que están pendientes de esta Sala, que yo espero y voy a pedir a mis colegas que los dejemos resueltos. Hay una demanda que dejó el señor Salvador Arias sobre la dolarización. Está el tema de la extinción de dominio, que está ya para sentencia. Una demanda inicial de abogados contra la ley en su versión original y otra demanda del fiscal general contra la reforma. Y hay un tercer tema sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo.

¿Podemos decir que esta relación de la “visión de país” y de la respuesta social es un cálculo político? ¿Por qué no van a priorizar elecciones sobre demandas de segundo grado?

Tal vez no cálculo político, sino medición del impacto que se va a producir con una decisión. Al fallar o decidir si se rechaza la demanda y el sentido de la resolución, se tiene que medir el impacto. No es tanto de cálculo político, sino el impacto social que debe de tener; eso obliga a mantenerse vigilante de la situación del país.

La (demanda) de Ovidio Bonilla se rechazó el año pasado. La del CNJ queda pendiente; también la de la presidenta de la Corte de Cuentas. Sobre esto hay mucha jurisprudencia.

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