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“Se tendría que devolver los carros y el dinero a los mareros”

El jefe de la Unidad de Extinción de Dominio señala que las reformas a la Ley de Extinción son en detrimento de esta, y que la retroactividad implicará la devolución de los bienes.
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Alexis Ayala, el jefe fiscal de la Unidad de Extinción de Dominio, dio esta entrevista el pasado lunes, un día antes de que 43 diputados reformaran la Ley de Extinción para que, entre otras cosas, después de 10 años de obtenida una propiedad prescriba (se agote el plazo) para la acción de extinción, o recuperación a favor del Estado de un inmueble de procedencia ilícita. Ya conociendo el proyecto de reforma, y en concordancia con un colega suyo, calificó tales reformas de “absurdas”. Para él, se trata de una “gran burrada” por parte de los diputados que realizaron la propuesta de reforma.

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¿Cuál es el proceso para la extinción de dominio de los inmuebles?

Nosotros tenemos dos etapas, acá optaron por dejar la parte investigativa regida por el Código Penal y la parte del proceso judicial regida por el Código Civil Mercantil. Los procesos inician con unas investigación. Puede ser por denuncia, oficio, por informe de cualquier otra institución. Nosotros como Fiscalía de extinción debemos establecer una actividad ilícita a ese bien... Una vez que tenemos todos los elementos, se presenta el caso y culmina la fase investigativa y pasa a la etapa judicial. Una vez que se presenta la solicitud de acción de dominio, el tribunal tiene cinco días para pronunciarse. ¿Qué es lo que nosotros le pedimos al tribunal? Le decimos: Le traemos este bien que solicitamos se decrete la extinción de dominio, pero primero admita toda la prueba y una vez finalizado el proceso decrete extinción de dominio a favor del Estado. Para garantizar ese proceso tenemos que aplicar las medidas cautelares. Tienen cinco días para pronunciarse y en esos cinco días admite, libra todas las comunicaciones. La idea principal es separar el objeto de la actividad ilícita. Si es un vehículo para realizar extorsiones, el vehículo pasa a la administración del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB). Una vez que el juez admite, se le notifica a los afectados y aquí se cumplen las garantías del proceso, en este momento para que justifique que la prueba que Fiscalía trae no es como lo están exponiendo. Tienen 20 días para responder. Pasado ese tiempo, una vez contestan, la audiencia preparatoria para la verificar la prueba, cuál se admitirá y se aprueba la audiencia pública de sentencia, se vierte la prueba de Fiscalía y la parte del afectado.

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¿Cuántos inmuebles han extinguido desde la implementación de la ley y cuánto es el monto económico de esa extinción?

Lo que estaba fijo hasta marzo era $1,550,000, es un total global. Tenemos 16 vehículos, 29 casos de dinero en efectivo, 34 propiedades de inmuebles, dos kilos de joyas y una lancha. El efectivo ya se distribuyó a las instituciones y los bienes esperan para la subasta pública. En abril, han cautelado muchos bienes, que son parte de otras estadísticas.

¿Por qué razón no han realizado subastas públicas, si la ley así lo dispone?

Desconozco por qué motivos no han realizado subastas. Yo no sabía que era tan complicado hacer una subasta porque implica logística, pero en el fondo es el CONAB quien determina para cuándo tiene su subasta. El CONAB entiendo que han pedido asesoría internacional. Esta no es como cualquier otra subasta, porque no puede ser cualquier persona la que puede comprar. En el sentido de que al que se le quitó el bien, se lo vayan a comprar.

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El efectivo ya se distribuyó. Cuando moneticen los bienes, lo tendrán que distribuir. Es decir, la idea principal acá de la extinción no es darle los bienes a las instituciones. Acá porque hay muchas necesidades, incluso la Fiscalía se ha beneficiado con algunos inmuebles, pero la idea principal no es dar los bienes a las instituciones, sino subastarlos para el efectivo y fortalecer las instituciones que investigan el crimen organizado o si el CONAB determina, pueden donar algún bien para un museo o galería de arte. Nosotros cumplimos hasta el tema de sentencia. Sobre la administración es el organismo colegiado del CONAB que toma las decisiones.

¿Es la retroactividad de la normativa de la extinción esencial en el proceso de extinción sobre los bienes ilícitos?

Acá quisiera hacer una aclaración. Si bien es cierto que soy jefe de la unidad, como abogado y persona, quiero aclarar que este es mi punto de vista que al final vendría siendo como la misma, pero para entender lo de la retroactividad, en otros países los contratos deben cumplir ciertos elementos: objeto, causa y consentimiento. En derecho civil se estudian estos elementos. El objeto tiene que ser legal, no puede hacer un contrato sobre algo ilegal. El derecho civil observa cuando una persona obtiene un bien producto de actividades ilícitas, el objeto es lícito pero ese dinero proviene de una actividad ilícita. Entonces no se cumple con uno de los objetos del contrato que es un objeto ilícito. Entonces, la ley dice que este contrato estará viciado, porque no tiene un objeto lícito. Entonces, la Ley de Extinción de Dominio lo que hace es si el Estado llega a descubrir que un bien fue obtenido por dinero ilícito, se retrotrae hasta el momento en que se dio el acto jurídico y no le reconoce valor. Por eso en extinción de dominio no se habla de retroactividad, sino de retrospectividad, es decir, la ley va hacia atrás y no le reconoce edad a este título. Ha habido casos emblemáticos, los hijos del “Repollo”, que les decían los repollitos, qué culpa tienen ellos de que les hayan donado la casa. Eso cuando estaban pequeños, pero ¿tenían ellos la capacidad de comprar una mansión? Si le aplicáramos los 10 años eso sería intocable. Básicamente está lavado. Por ejemplo, todos los bienes que adquirió Eliú Martínez allá por 2001-2002, cuando anduvo delinquiendo, que se había aliado con los macizos del cartel del Golfo, en esa época, qué hubiera pasado, ya quedó lavado.

Entonces, el Estado no se puede dar el lujo de lavar en el tiempo que pongan. Entonces toda la gente que está en esto recomienda que no se ponga fecha. Si le ponen tope, eso puede ser inconstitucional por el mismo Estado o que el juez de Extinción lo pueden declarar inaplicable. Se estaría básicamente permitiendo que se esconda un bien por 10 años o lo tengo a nombre del vecino de mi vecino y pasados los 10 años lo regreso a mi nombre.

¿Cuáles serían las implicaciones al conceder a los poseedores de los bienes la potestad de rechazar que el Estado administre propiedades que presuntamente fueron adquiridas mediante actividades ilegales?

En ningún país se ha dado eso, y si se otorga, prácticamente, si lo está ocupando una empresa para lavar dinero, qué voy a seguir haciendo si me la dejan un año más, hasta que haya sentencia me la van a venir a quitar, vendo todo, desaparezco todo, y cuando vengan solo me van a encontrar la personería jurídica o yo tengo un vehículo que lo estoy ocupando para extorsiones, que me lo van a dejar seis meses o un año más, lo vendo, desmantelo o choco. Un colega me decía: “Nombre no te preocupes que esa reforma cae por absurda”. Eso cae por absurda y eso ocurre en la realidad del país. Imagínese que hubiera un corrupto que tiene sus mansiones y le digo pero ahí téngalo, es suyo, el Estado no se lo va a tocar y se lo va a tocar solo si hay sentencia. Y es que las medidas cautelares para eso son, es como que le digan a un imputado: “Fíjese que lo voy a condenar, pero no lo puedo detener, lo voy a detener para que lo condenen, ¿está bien?, ¿le parece?” En el fondo es eso.

En esa parte lo que yo observo es que está bien que se lo quiten a los mareros y a los narcotraficantes, pero a nosotros si nos van a aplicar a nosotros la ley, déjennos que nosotros (políticos) administremos los bienes. Así se percibe esa reforma; para unos un trato y para otros, otro. Como dicen, todos en la cama o todos en el piso.

¿Qué pasaría con el caso de operación Jaque, en el cual se han cautelado bienes de pandillas, si se elimina la retroactividad?

Bueno, quizá en términos generales, hasta este momento, se tendría que devolver a todos los mareros los carros y el dinero que se les ha quitado y que ellos los tengan mientras sigue el proceso. Por eso mi amigo me decía que eso cae por absurdo, que ellos tienen que darse cuenta que lo que están cometiendo es una gran burrada. Sí le digo yo, pero ya lo están haciendo y ya lo propusieron.

¿Cuál es su postura respecto de la demanda admitida por la Sala de lo Constitucional sobre la administración de los bienes?

Desconozco en realidad esa resolución que han admitido, pero de acuerdo con la ley es el CONAB quien administra los bienes. Básicamente esperaría que no hay ningún problema de constitucionalidad. Yo esperaría que en ese aspecto se resuelva. Si no seguiremos viendo casos como Changallo. Si un vehículo en un término de seis meses se ha deteriorado. Imagínese, la novedad es que hay un ente que se responsabilice. No solo enfocado a vehículos, sino a sociedades, a inmuebles. Cualquier bien, tienen que recibirlo y entregarlo en las condiciones recibidas.

Es ahí donde la empresa Gumarsal tiene una medida de administración, las empresas siguen funcionando y nadie ha perdido su trabajo y finalizado el proceso. Si se extingue, será extinguida una empresa funcionando con todo su patrimonio, con toda su logística, con empleados y todo. Claro, si se devuelve, se devuelve en las mismas condiciones. Claro, si para hacerla funcionar le metían demasiado capital ilícito, una vez que se le corte el chorrito, no va a funcionar.

El CONAB lo administra como un negocio funcionando durante el proceso y si no tiene AFP o no estaban facturando tienen que hacerlo bajo la nueva administración. Al finalizar si se devuelve, se hace con las ganancias y si se extingue, también con las ganancias. Igual pasa con el dinero en efectivo, nosotros lo colocamos en una cuenta bancaria y en el proceso va ganando intereses. Entonces esas son unas ventajas de las empresas y no se les puede dejar porque seguirían lavando. Qué mensaje se le estaría dando si usted tenía un spa, y nosotros le decimos: no, sígalo disfrutando. Nosotros se lo vamos a quitar allá cuando den la sentencia, si es que hay sentencia.

Sobre todas las reformas que plantean los diputados de la Asamblea Legislativa, ¿cuál cree que es la que generaría más consecuencias negativas?

Pues ellos están planteando varias reformas. Ninguna fortalece la ley. Todas van al detrimento de la aplicación de la ley. Cualquiera que se haga en cualquier lugar va como les he dicho. Apoyémoslo en ese sentido. Así veo yo todas las reformas. No tiene ninguna que ayude.
 

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