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Secretario Blinken reitera llamado a que GOES respete derechos humanos durante régimen de excepción

El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken insistió en que la lucha por la reducción de la violencia y la defensa de las libertades no son excluyentes entre sí.

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El secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, Anthony Blinken, insistió esta mañana, durante una visita oficial a Panamá, en el llamado hecho por el país norteamericano para que el gobierno salvadoreño ejecute el régimen de excepción tomando en cuenta el respeto a los derechos humanos.

“Urgimos a El Salvador a declarar un estado de emergencia que sea consistente con los Derechos Humanos. Podemos disminuir la violencia y el crimen mientras también protegemos las libertades civiles y los derechos fundamentales. Estas dos cosas no son opuestas entre si”, mencionó el funcionario norteamericano.

Posteriormente, Blinken insistió en el aporte económico que su país ha brindado a El Salvador para combatir la delincuencia a través del tiempo. “Estados Unidos ha proveído decenas de millones de dólares recientemente para ayudar en los problemas causados por las pandillas”, apuntó.

Asimismo, insistió en la petición de Estados Unidos para que El Salvador extradite a líderes de pandillas requeridos por la justicia norteamericana. “Continuáremos cooperando de cerca, incluyendo con las peticiones de extradiciones pendientes de líderes de pandillas, para ayudar a abordar los problemas que plantean la criminalidad y las pandillas”, finalizó Blinken.

El pronunciamiento hecho por el Secretario de Estado estadounidense es el segundo en menos de 15 días, luego que el pasado 10 de abril señalara que ahora “más que nunca” era urgente la extradición de líderes de pandillas.

El Salvador se encuentra en régimen de excepción desde el pasado 27 de marzo, luego que un día antes se contabilizaran 62 homicidios en un plazo de 24 horas y más de 80 en todo el fin de semana. 

Durante el régimen, la Asamblea suspendió cuatro diferentes garantías constitucionales. Producto de estas, el gobierno ha anunciado más de 13,000 capturas, pero también ha provocado un alto número de denuncias por la posibilidad de capturas arbitrarias de personas que no están involucradas con las pandillas.

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