Seguro médico AL se contrató a pesar de que no recomendó jurídico

Bloque FMLN-GANA, más un diputado de ARENA, lo avalaron. También habría posible violación a lo que establece la ley AFI.
Enlace copiado
Seguro médico AL se contrató a pesar de que no recomendó  jurídico

Seguro médico AL se contrató a pesar de que no recomendó jurídico

Seguro médico AL se contrató a pesar de que no recomendó  jurídico

Seguro médico AL se contrató a pesar de que no recomendó jurídico

Enlace copiado
El contrato de $6.5 millones por el seguro médico de los diputados y empleados de la Asamblea Legislativa se habría aprobado sin atender las recomendaciones del jurídico del congreso.

Lo anterior se establece de acuerdo con el documento que contiene el voto razonado de la diputada de ARENA, Ana Vilma de Escobar, quien no votó por el contrato del seguro, y al que LA PRENSA GRÁFICA tuvo acceso.

Según consta en el documento, la decisión de hacer el contrato se hizo tomando como criterio “calificación de urgencia” para que no se le causara un “riesgo al interés general”. Empero, el jurídico recomendó que eso no era viable y se podría caer en alguna ilegalidad.

“El día lunes 14 de los corrientes, en la reunión que se realizó para este punto, se consultó al asesor jurídico institucional sobre la posibilidad de decretar “emergencia o urgencia” para contratar directamente los servicios del seguro de personas, a lo que manifestó que, en principio, no procede dicha declaratoria y que eventualmente podría ocasionar responsabilidades, tanto legales y/o administrativas de distintos tipos para la junta directiva”, se lee en el documento que fue enviado a la junta directiva.

El contrato fue aprobado por los directivos Lorena Peña, Jackeline Rivera, Guillermo Mata, del FMLN; Guillermo Gallegos, Mario Tenorio y Abilio Rodríguez Menjívar, de GANA; más el directivo de ARENA, Jorge Escobar.

Los tres directivos restantes de ARENA, Ana Vilma de Escobar, Norman Quijano y David Reyes, junto a los directivos del PCN José Serafín Orantes Rodríguez, Reynaldo Cardoza y Francisco Merino no dieron su firma para el contrato.

Otro de los puntos que generan polémica es que el seguro médico terminó siendo por un valor de $6.5 millones, cuando el presupuesto asignado era de $5.7 millones.

Es decir, los ocho directivos avalaron el contrato por $800,000 más sin haber modificado la Ley de Presupuesto de la Asamblea Legislativa para 2016.

Esta decisión está dentro de las prohibiciones que establece la Ley Orgánica de Administración financiera del Estado.

El artículo 43 de esta normativa dice: “Prohíbase a cualquier titular, u otro funcionario de las entidades e instituciones del sector público sujetas a las normas de la presente ley, entrar en negociaciones, adquirir compromisos o firmar contratos que comprometan fondos públicos no previstos en el presupuesto”.

Lee también

Comentarios

Newsletter