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Seis militares enfrentan nuevamente juicio por desaparición forzada de tres jóvenes

Esta es la segunda vez que los militares son juzgados por la desaparición de estas tres personas y la privación de libertad de otras dos en Armenia (Sonsonate), luego de que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema anuló en 2017 los fallos con los que fueron absueltos en 2015.

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Los militares son juzgados por la desaparición de tres jóvenes y la privación de libertad de otros dos en Armenia, Sonsonate. Foto: Cortesía/Archivo

Los militares son juzgados por la desaparición de tres jóvenes y la privación de libertad de otros dos en Armenia, Sonsonate. Foto: Cortesía/Archivo

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El Tribunal de Sentencia de Sonsonate recibió hoy una serie de testimonios contra seis militares acusados de la desaparición forzada de tres jóvenes en febrero de 2014, informó la Fiscalía.

La fuente detalló que esta es la segunda vez que los uniformados son juzgados por la desaparición de estas tres personas y la privación de libertad de otras dos, luego de que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema anuló en 2017 los fallos con los que fueron absueltos en 2015.

Los desaparecidos son Oscar Oswaldo Leiva Mejía, de 23 años, Francisco Javier Hernández Gómez, de 20 años y José Fernando Choto Choto, de 22, quienes fueron detenidos, por supuestamente ser pandilleros, por los militares en la localidad de Armenia, 39 kilómetros al este de la capital.

De igual forma, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema responsabilizó en enero de 2017 al Ejército de la desaparición de los tres jóvenes al fallar sobre un recurso de hábeas corpus.

La resolución relata que los militares amenazaron a las víctimas con sus armas de equipo, fusiles M-16, y los llevaron a una zona controlada por una pandilla rival a la que tiene presencia en donde ellos habitaban.

Los jóvenes "fueron intervenidos, trasladados y privados de libertad por agentes estatales que les colocaron en un estado completo de indefensión al portar armas en las manos y ordenarles la realización de actos en contra de su voluntad", señaló el Constitucional.

La organización de derechos humanos Tutela Legal "María Julia Hernández" indicó a Acan-Efe en esas fechas que este es el primer caso en el que el Constitucional emite una resolución sobre desapariciones forzadas ocurridas tras el final de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

Las organizaciones de derechos humanos cuestionan el "rol protagónico" que ha tomado el Ejército en la estrategia de seguridad gubernamental, que le confiere una "perspectiva militar y no policial", y que afecta a la población civil.

El Gobierno ha negado en diversas ocasiones que tenga militarizada la seguridad ciudadana y que el uso de más de 13,000 soldados es "coyuntural", debido a la ola de violencia que causó tasas de homicidio de 103, 81,7 y 60 por cada 100,000 habitantes en 2015, 2016 y 2017, respectivamente.

En febrero de 2017, el representante de la ONU en El Salvador, Christian Salazar, señaló que el país centroamericano ha avanzado en la lucha contra la violencia de las pandillas, pero vio con recelo el uso del Ejército en funciones de seguridad.

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