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Señalamientos de exdiputada Cristina López: esto respondieron al respecto dirigentes del PCN

Almendariz, junto con el también diputado del PNC Raúl Beltrán Bonilla, compareció este lunes por la mañana en una conferencia de prensa para responder ante la prensa a los señalamientos realizados por López el domingo por la noche. 

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Foto: LPG Política

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El diputado y jefe de fracción del PNC, José Antonio Almendariz, explicó este lunes que la exparlamentaria de ese partido Cristina López cobró por ocho meses un salario de $ 2,000 en la Asamblea Legislativa, como asesora sin asistir a trabajar, debido a que se enteraron hasta noviembre pasado que ella se había mudado a Estados Unidos, aún con contrato vigente en la institución. 

Almendariz, junto con el también diputado del PNC Raúl Beltrán Bonilla, compareció este lunes por la mañana en una conferencia de prensa para responder ante la prensa a los señalamientos realizados el domingo por la noche por López, quien argumentó que dejó El Salvador porque, tras ser diputada, sentía que su vida corría peligro. 

A través de un hilo publicado en su cuenta con su nombre, López reconoció que recibió salario de la Asamblea por un tiempo sin haber llegado a trabajar, aunque remarcó que hubo al menos cuatro miembros del PNC que también hicieron lo mismo. 

Cristina detalló que los otros miembros del PNC que habrían recibido pago sin llegar a trabajar a la Asamblea son el coronel Roberto Leiva y los exdiputados Elizardo González Lovo, Dagoberto Marroquín, Rafael Machuca e Hilda Jiménez, madre de Katya Miranda. 

Almendariz explicó que, antes de conocer la situación migratoria de la también exmarchista salvadoreña, sabían que ella había conformado una escuela en el estadio Jorge "Mágico" González, donde entrenaba a niños por encargo de las autoridades del mismo PCN. 

Almendariz apuntó también Cristina se encontraba trabajando en esa sede deportiva, porque se suponía que trasladaba información sobre el funcionamiento de las federaciones que se encuentran instaladas ahí. 

"Hablo con el secretario general y él nos dijo que había formado una escuelita en el estadio 'Mágico' González, y nosotros necesitábamos información, asesoría, respecto a los problemas que había en las federaciones que actúan ahí. Esa información nos pasaba y se suponía que estaba entrenando a niños y eso era el trabajo que le habíamos asignado", sostuvo Almendariz. 

El jefe de fracción del PCN afirmó que, al darse cuenta de que López ya no se encontraba en El Salvador, se intentó buscarla donde se suponía tenía su domicilio, para resolver su situación contraactual; pero ya no fue posible.

Almendariz no detalló por qué en el partido no se dieron cuenta antes que López se encontraba cobrando salario sin asistir a la Asamblea a cumplir sus funciones de asesora.

Lo que sí dijo es que no es competencia de las autoridades del PCN velar porque la exdiputada reintegre el dinero percibido en cocepto de salario, recibido durante los ocho meses que lo cobró sin haberse presentado a la Asamblea a trabajar. 

"La Junta directiva de la Asamblea Legislativa le compete esto. Nosotros solo nos remitimos a informar", expuso Almendariz. 

¿Y los demás señalados? 

Sobre el resto de señalados de haber recibido también salario sin haber llegado a trabajar al Congreso, Almendariz apuntó que todos ellos realizan un trabajo específico y cobran acorde a lo que realizan dentro de la Asamblea Legislativa. 

"Dagoberto Marroquín es nuestro asesor de pensiones. Recuérdese que él estuvo mucho tiempo de diputado en la parte hacendaria y asesora más que todo al diputado Mario Ponce en materia de pensiones y hacienda. Así tenemos varias personas", explicó el jefe de fracción del PCN. 

Almendariz dijo que Elizardo González, por su parte, "está en la parte institucional porque está por ley de salario" y "no por contrato". 

De quien sí matizó sobre el trabajo que realiza es sobre Machuca. El jefe pecenista apuntó que este exdiputado ya no se presenta a la Asamblea, aunque sostuvo que se mantiene enviando información sobre los trabajos que se le piden que desarrolle. 

"Últimamente, por aspectos de enfermedad, recuérdese, (Machuca) tuvo un derrame cerebral y todavía lo tenemos en planilla, no por el derrame, sino porque hay que terminar el periodo", expuso Almendariz. 

Almendariz también se refirió al caso de Hilda Jiménez, quien fue señalada de haber cobrado salario por dos años en la Asamblea mientras residía en EUA.

López abonó en el hilo de tuits que ella se mantuvo percibiendo este ingreso hasta antes de que en la Asamblea se hiciera una auditoría interna. Agregó que ella "es prima de doña Sonia de Rodríguez, esposa del secretario general del PCN (Manuel Rodríguez), por lo que en su contra tal parece que no hay nada". 

"Cuando escucharon rumores de una auditoría, la eliminaron de la planilla, pero en su lugar contrataron a un primo de ella, quien nunca puso un pie más que para firmar contrato, y eso estaba autorizado por el dip Ponce, quien era coordinador de grupo parlamentario", apuntó López. 

Al respecto, el jefe de fracción del PCN expuso que esto se debió a que, por cuestiones de salud, Jiménez debía estar constantemente entre El Salvador y EUA, además de que tiene una hija que reside también en el país norteamericano. 

"Hilda venía e iba a Etados Unidos y se regresaba, no solo porque la hija allá estaba y tenía asilo, sino porque aquí estuvo tres veces ingresada por el hospital de dianóstico por un problema de tiroides. El médido le dijo luego que ella no podía recibir un tratamiento completo aquí, que se fuera para Estados Unidos. Pues fue así que se pidió que se rescindiera el contrato", apuntó el diputado del PCN. 

Respecto al señalamiento de que las autoridades del PCN recibieron en algún tiempo dinero de Casa Presidencial, a través de fundaciones por medio de las cuales se compraba lámina y abono para realizar actos proselitistas, Almendariz dijo que eso no le consta. 

"Sería de que le preguntaran al señor secretario general. Quiero aclararles la parte de la Asamblea, que es la que me corresponde", aclaró. 

Fueron apartados todos los implicados 

En cuanto al señalamiento de que hay más implicados en el asesinato de Ramón Kury, además de los tres sospechosos que ya están siendo procesados en el caso, el jefe de fracción respondió que es falso.

La afirmación fue apoyada por Beltrán Bonilla, quien apuntó que todos los involucrados en el caso fueron apartados del partido tan pronto se supo que estaban involucrados en este asesinato. 

"Que el PCN mantiene en su planilla a los asesinos de 'Moncho' Kury, mentira. Fueron sacados el siguiente día después de haber sido capturados. Ahí están los documentos. Que hay información que es cierta, pues hombre, a enfrentar los hechos", sostuvo Beltrán Bonilla. 

López hizo referencia al respecto al decir que "hay otro más que es empleado de la Asamblea, autorizado por el coronel Almendariz, y hay un cuarto que es agente PPI, antes asignado a ella y  hoy asignado a la actual diputada Eeileen Romero. 

Tras conocer este señalamiento, la diputada Romero anunció en su cuenta de Twitter que demandará por difamación a Cristina, ya que apuntó que "nunca fui custodiada por su PPI y en mis 2 PPI asignados no hay ningúno del Partido". 

"Y las pruebas que tengo son los contratos de mis dos PPI, y memorándums no todos los Diputados somos iguales", expuso la diputada. 

Almendariz afirmó incluso que sobre este caso le pidieron ayuda al FBI para que les ayudará a esclarecerlo lo más pronto posible.

"Nuestro secretario general, recién pasada la muerte de Kury, le pidió al FBI que también investigara, no queríamos que quedara en el anonimato, además del trabajo que estaba haciendo el señor fiscal. Ya que ella se encuentra en Estados Unidos, esa información se la puede dar al FBI y nosotros hemos pedido al FBI que investigue", afirmó el jefe de fracción del PCN.  

Cada diputado es reponsable de lo que presenta

Referente a una pieza de correspondencia presentada presuntamente por el batallón cobra para "favorecer al (empresario Enrique) Rais", Beltrán Bonilla sostuvo que cada diputado "asume la responsabilidad" lo que propone.  

"El que sabe leer y escribir y firma sabe lo que está haciendo. En ese sentido, la posición nuestra como grupo colegiado es claro: hay una crisis, claro", apuntó el diputado. 

Pese a ello, López sostuvo que "con malicias engañaron a un colaborador para obtener mi sello, tuve la grabación de quien la presentó y me obligaron a destruirla". 

"Cuando intente pedir que esa pieza de correspondencia fuera enviada a archivo o retirarla, el diputado Ponce me alzó la vos diciendo: 'no puede hacer nada sin autorización de memo (el secretario general)'", agregó la exdiputada.

El documento solicitaba una interpretación del artículo 23 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones. Este recurso se insertó para establecer que si un juez autorizó a la Fiscalía General de la República, intervenir las llamadas telefónicas de un posible acusado, el Ministerio Público tendrá seis meses para presentar el requerimiento. Al no hacerlo, se debía destruir las grabaciones y transcripciones de las llamadas. 

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