Señalan al Estado por desatender a desaparecidos

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Poca esperanza. Los anuncios de búsqueda han mermado durante los últimos días.

Poca esperanza. Los anuncios de búsqueda han mermado durante los últimos días.

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Fiscalía dejó de publicar datos por un mes, lo cual según expertos desalienta a los familiares y podría generar impunidad en el delito.

Durante 44 días las denuncias de personas desaparecidas, el único mecanismo que mantiene con esperanza a las familias de víctimas de este delito, dejaron de tener relevancia en las cuentas de la misma Fiscalía General de la República (FGR) que dejó de publicarlas en sus páginas oficiales en redes sociales.

Alerta Ángel Desaparecido y la Unidad Especializada de Desaparecidos le negó ese derecho a las víctimas exactamente desde el 29 de abril hasta el 5 de junio de este año, cuando el fiscal general Rodolfo Delgado anunció a través de un tuit que habilitarían una línea gratuita para recibir información que les permita la localización de las personas desaparecidas.

El anuncio de Delgado fue después que el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, pidiera públicamente a las familias salvadoreñas dejar de publicar anuncios de las desapariciones de sus seres queridos porque, según él, estas "manipulan la opinión y generan zozobra".

La información que los familiares comenzó a disminuir en este mismo contexto. Este medio de comunicación mantiene un monitoreo constante a las denuncias y durante los últimos días las personas cercanas a los afectados han rechazado que los casos sigan siendo publicados.

Rina Montti, directora de investigación en derechos humanos de Cristosal, sostiene que es bastante común la falta de confianza de las familias en las instituciones del Estado, eso aún en la época del actual gobierno, sobre todo, porque la solicitud de que no se hagan denuncias a través de otras vías como las redes sociales llegó desde un funcionario.

La investigadora y consultora en temas de seguridad pública, Jeanette Aguilar, califica la actitud de las autoridades como un mecanismo que responde a un interés político y que repercute en impunidad y desincentiva de la denuncia, desanima la búsqueda de justicia y deja en una situación de mayor aislamiento y desprotección a las familias.

Para Aguilar, la actitud de las autoridades, además de un incumplimiento de su deber de protección y garantía, envía un mensaje a los perpetradores de que el Estado salvadoreño no tiene interés de perseguir el delito, además de abonar al hecho que las personas dejen de denunciar.

"Por ahora la respuesta que el Estado ofrece a las víctimas de estos aberrantes delitos no es la que se espera y en la medida en que no respondan la gente seguirá haciendo esfuerzos propios y desesperados por buscar a sus familiares. Las autoridades deben tener conciencia sobre la dimensión y el impacto de este fenómeno criminal en las familias y comunidades, y deben ofrecer insumos para mejorar la capacidad de la respuesta institucional en materia de prevención, búsqueda y atención a las familias víctimas de la desaparición", añadió Saúl Baños, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).

Montti sustenta la postura del FESPAD y manifiesta que "los señalamientos hacia personas que siguen denunciando las desapariciones, de que lo están haciendo para dañar la imagen del Gobierno, es una postura totalmente insensible y violatoria a los derechos fundamentales de los familiares".

Aguilar concluye con que pedir el silencio a través de las redes sociales es un incentivo para que cualquiera recurra a la desaparición de personas, en tanto los delincuentes interpretan que las autoridades no tienen interés en perseguirlo.

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