Señalan indicios de delitos en extravío de archivos viajes Funes

FUSADES, FUNDE y DTJ piden a la FGR se investigue a responsables de la custodia de los documentos. También aseguran que en el país, a pesar de algunos avances en acceso a información, persiste una cultura de secretismo.
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Coordinación.  Consorcio reconoce que hay avances en el acceso a la información, pero pide más coordinación entre instituciones que deben velar porque no haya corrupción.

Coordinación. Consorcio reconoce que hay avances en el acceso a la información, pero pide más coordinación entre instituciones que deben velar porque no haya corrupción.

Señalan indicios de delitos en extravío de archivos viajes Funes

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Representantes del Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción, integrado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES; la Fundación para el Desarrollo Económico, FUNDE; la fundación Democracia, Transparencia y Justicia, DTJ; y la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, señalaron ayer que existen indicios del cometimiento de delitos en el extravío de los archivos que contienen información de los viajes del expresidente Mauricio Funes.

De acuerdo con los integrantes del consorcio, la Fiscalía General de la República debe investigar esta situación para que el caso no quede en la impunidad.

“Efectivamente ahí hay indicios de cometimiento de un delito y que justamente tiene que ser investigado por la Fiscalía. Es un hecho grave que por un lado se reconozca la existencia de ese material y que luego se diga que se ha extraviado. Ahí tiene que haber un responsable y eso está penalizado por la ley, porque estamos hablando de un delito”, expresó Roberto Rubio Fabián, de FUNDE.

Para Rubio Fabián, la negativa a dar a conocer el informe de los viajes es porque estos “pueden revelar hechos políticamente difíciles de manejar”.

“El porqué, ¿cuál es la razón o las razones por las cuales algo que tendría que ser del dominio público, que no debería causar tanta resistencia, como son los viajes que hizo un expresidente, se ha llegado hasta el punto de negarlo? ¿Cuál es esa defensa tan cerrada? ¿A qué se debe? Ahí es donde uno comienza a levantar hipótesis, porque el tema de los viajes no es solo adónde fue, sino de dónde salió el dinero para esos viajes y quiénes lo acompañaban”, se cuestionó el director ejecutivo de FUNDE.

Mientras tanto, para el director del Departamento de Estudios Legales de FUSADES, Javier Castro, el tema de los archivos con la información de los viajes del expresidente son un reto para la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

“Esta es una información que genera los indicios del cometimiento de un delito penal y es por eso que el fiscal general de la República tiene que investigar, así como el IAIP imponer las sanciones respectivas... Lo importante es que no vaya a haber impunidad en este caso”, dijo Castro.

El representante de FUSADES también hizo el llamado a que se reconstruya esa información. Ese mensaje es compartido por Claudia Umaña, de la fundación DTJ.

Para Umaña, hay suficientes elementos que pueden llevar a que se reconstruya la información de los viajes del expresidente Funes.

“Cuando hay una misión oficial hay documentos de respaldo. Nunca se dan viajes así espontáneamente, así que hay una serie de archivos que pueden contribuir a que esta información que quedó extraviada pueda ser recuperada y compartida para el conocimiento de la institucionalidad y de la ciudadanía, y así asegurar el buen manejo de los fondos públicos”, expresó Umaña.

Cultura de secretismo

Un aspecto que también señalaron los integrantes de del consorcio por la transparencia es que en el país sigue prevaleciendo una cultura de secretismo, en gran medida, marcado por el abuso en decretar reserva a información que de conformidad con la LAIP es pública. “Si bien es cierto que se reconocen los avances que se han tenido en función de información disponible al público, persiste una cultura de secretismo”, dijo Umaña.

Ejemplo de esa práctica es CAPRES, según el Consorcio. “Basta ver lo que sucedió con la información sobre viajes del expresidente y de la ex primera dama en el período de 2009 al 2014”, se lee en el comunicado de prensa, sobre el estado de la transparencia y la lucha contra la corrupción.

En ese mismo evento, desarrollado en las instalaciones de FUSADES, el consorcio pidió a instituciones como el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) y la Corte de Cuentas de la República (CCR) que tengan un rol más activo en su función para controlar este tipo de prácticas.

Según el consorcio, es importante que dicha entidades trabajen de forma más articulada.

“La lucha contra la corrupción requiere de la participación de toda la sociedad, y de la voluntad política hacer valer el respeto a la ley y la institucionalidad”, añade el comunicado.

En el mismo documento, recuerdan que El Salvador sigue estancado en su lucha contra la corrupción.

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