Señalan involución de Sala Constitucional en acceso a la información

Abogados constitucionalistas se pronunciaron en contra de la decisión de la Sala de lo Constitución de limitar el acceso a la información pública en una resolución reciente.

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Involución. Retroceso. Así es como califican abogados constitucionalistas la decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de limitar el derecho al acceso a la información pública.

“Consideramos que la decisión de la Sala de lo Constitucional puede llegar a suponer un retroceso en el desarrollo del acceso a la información pública y transparencia, y siendo que la opacidad es caldo de cultivo para la corrupción, consideramos que con esta decisión no se favorece la lucha contra la corrupción”, se lee en uno de los enunciados publicados por el Centro de Estudios Jurídicos ayer por la mañana.

La Sala emitió el lunes pasado tres criterios por los cuales las instituciones de la administración pública pueden negar información a los ciudadanos: cuando sea de carácter “superflua”, cuando “implique un importante desvío de recursos humanos y materiales para su producción” o cuando el funcionario advierta un intento de bloquear el trabajo de la institución; y cuando se solicite información de casos que ocurrieron antes y que no tuvieron lugar en presencia de los titulares actuales.

“La Sala de lo Constitucional está en un proceso de involución en el derecho al acceso a la información pública (DAIP). Veo un cúmulo de acciones que van encaminadas a un retroceso, hacia la involución”, opinó, por su parte, el abogado constitucionalista, Salvador Enrique Anaya.

Raúl García Mirón, miembro del CEJ, subrayó el jueves en un programa televisivo que “la Sala cometió un error innecesario al introducir acotaciones de cuándo estamos en presencia o no de información pública”.

El Centro de Estudios Jurídicos consideró que esos límites conceden “ un excesivo y peligroso grado de discrecionalidad a la administración pública. Nos parece que con ello facilita el rechazo a las solicitudes de acceso a la información pública, provocando un alto riesgo de que se vacíe de efectividad el DAIP y se disminuya valor a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP)”. El CEJ también advirtió que la decisión de la Sala intensifica los obstáculos para obtener información pública, por lo que le piden a los magistrados constitucionalistas que reviertan los criterios.

Según Anaya, la Sala está dando “pasos agigantados hacia la involución o retroceso respecto del derecho de acceso a la información pública”, porque consideró que es una respuesta a las solicitudes de información “sobre las actuaciones de la misma Sala de lo Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia”.

Anaya dijo que la Unidad de Acceso a la Información de la CSJ le informó recientemente que la Secretaría de la Corte y una colaboradora de la Sala, le notificaron que por instrucciones de los magistrados constitucionalistas no cumpliría con el mandato del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) de entregarle información que solicitó sobre “procesos de amparo” porque “las decisiones del instituto no son conformes con la jurisprudencia de la Sala”

“Es un grosero despropósito, una falta de respeto a las leyes y una deslealtad a la institucionalidad que funcionarios y empleados de la Sala y CSJ, apoyados supuestamente por magistrados, afirmen que las decisiones de IAIP no son conformes con la jurisprudencia de la propia Sala, pues, simple y llanamente, desobedecerán”, dijo Anaya.

Estas críticas se suman a las que el pasado jueves emitieron el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y el Grupo Promotor de la Ley de Acceso.

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