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Señalan la urgencia de acuerdos fiscales

El presidente señaló la urgencia de una ley de responsabilidad fiscal. FUSADES ha advertido el riesgo de caer en impago. La oposición señaló que el gobierno de Funes violó el pacto fiscal de 2012.
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El debate por la sostenibilidad fiscal se reavivó luego de que el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, señaló que está preocupado por la creciente deuda externa del país, un problema que ha sido evidenciado en constantes ocasiones por diferentes actores sociales.

“La deuda del país ronda el 63 %, esto es una amenaza que tenemos que resolver, llamo a todos los sectores a que trabajemos por un acuerdo que nos permita un ajuste fiscal, eso va a implicar ajustar nuestro presupuesto, disminuir gastos”, declaró el mandatario el pasado sábado.

A mayo de este año, la deuda pública del país ascendía a $16,877.64 millones, según los datos del Banco Central de Reserva (BCR).

En su último informe de coyuntura económica, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) advirtió del riesgo de caer en impago, situación en la que el Estado no puede hacerle frente a sus obligaciones.

Rolando Mata, diputado del FMLN, desestimó esta alerta: “Los analistas mantienen un eje de ataque al Gobierno”.

Mata también explicó que su partido ha realizado una propuesta de ley de responsabilidad fiscal, que prevé que el Ejecutivo rinda informes trimestrales, pero que aún está con dictamen pendiente en la comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa porque ARENA no ha querido incluir el tema.

No obstante, Mario Ponce, legislador del PCN, desmintió que es la oposición quien no ha querido retomar la discusión y dijo que su partido y ARENA son los que han promovido el tema. Además, consideró que las declaraciones del presidente de la República son una prueba de que el país sí está en riesgo de impago.

Por su parte, la diputada de ARENA Ana Vilma de Escobar señaló que más que una ley, el país necesita acuerdos fiscales más profundos que los que propuso en su momento el FMLN, cuyo principal problema es que es una “ley sin dientes, que se hizo para salir del paso” y que no es suficientemente vinculante para las finanzas del Estado.

De Escobar consideró que el Gobierno no respetó el pacto fiscal al que los sectores políticos llegaron en octubre de 2012 y que permitió la aprobación de $800 millones de deuda. Dicho pacto establecía, entre varios temas, un límite para el déficit fiscal, es decir la diferencia entre los ingresos y los gastos del Gobierno.

De acuerdo con la diputada, el Gobierno tiene un gasto insostenible, ya que las administraciones del partido de izquierda han tenido significativamente más ingresos que las anteriores y aún así “mantienen un déficit muy alto”.

De hecho, el gobierno de Mauricio Funes se comprometió a reducir el déficit fiscal a 2.7 % del PIB, de un 3.2 % que había en ese momento. Esto no sucedió, ya que el año pasado el Estado gastó $851.04 millones que no tenía, lo que representa un déficit de 3.3 % del PIB.

En ese sentido, el análisis de FUSADES estima que si la situación del país sigue igual, es decir sin realizar un ajuste de los gastos públicos y con un crecimiento económico similar al actual, la deuda podría llegar al 82.7 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025.

sanidad fiscal

Aún no hay claridad de cuáles son los acuerdos que podrían darse en el seno de la Asamblea. Sin embargo, el diputado Mata aceptó que el crecimiento económico actual que el país tiene es insuficiente, aunque opinó que el poco dinamismo económico se debe en parte a la situación de inseguridad.

Empero, señaló que parte de la deuda externa del país se debe a las pensiones. Mario Ponce rechazó el argumento y explicó que el problema de pensiones se debe a una “deuda arrastrada” del sistema anterior y no debe responsabilizarse a los trabajadores utilizando sus fondos. De igual forma, De Escobar sostuvo que “las pensiones son un tema aparte”.

La legisladora también indicó que los ajustes que se hagan deben incluir techos más bajos para la emisión de LETES, es decir deuda a corto plazo y fijar un máximo para el endeudamiento público, que a la fecha es del 63 % del PIB.

Para Mario Ponce, el ajuste fiscal que el país necesita debe incluir una política real de austeridad, evitar las contrataciones masivas y aumentos salariales en el sector público y realizar una planificación más certera de las compras del Estado, para que este tenga que pagar menos a sus proveedores.

El diputado también propuso congelar las plazas del Gobierno que dejan los empleados cuando se jubilan, con excepción de los sectores de salud, educación y seguridad pública.

Ponce también señaló la importancia de que la economía mejore para mejorar las finanzas públicas. En ese sentido, explicó que el cargo del 13 % a la energía eléctrica que el Estado pretende implementar es contraproducente, porque afecta a la industria, que financia al Gobierno.

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