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Señalan posibles ilegalidades en proyecto de ley de cobros tributarios

El embargo de bienes como “persuasión” para pagar las deudas tributarias sería ilegal al no haber sentencias judiciales en firme contra supuestos deudores. Jurídico de ANEP advierte incongruencias.
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Comisión de hacienda. Los diputados de la comisión de hacienda pasaron el estudio de la propuesta de ley a sus pares de la comisión de legislación.

Comisión de hacienda. Los diputados de la comisión de hacienda pasaron el estudio de la propuesta de ley a sus pares de la comisión de legislación.

Legislación. Los diputados de la comisión de legislación analizarán si el articulado del proyecto de ley no contraría principios constitucionales.

Legislación. Los diputados de la comisión de legislación analizarán si el articulado del proyecto de ley no contraría principios constitucionales.

Objeciones. En lo administrativo, penal y constitucional, ANEP considera que se deben corregir aspectos del proyecto de ley de cobros tributarios.

Objeciones. En lo administrativo, penal y constitucional, ANEP considera que se deben corregir aspectos del proyecto de ley de cobros tributarios.

Iniciativa. La propuesta para una nueva ley de cobros y multas a favor del Estado proviene del Ministerio de Hacienda.

Iniciativa. La propuesta para una nueva ley de cobros y multas a favor del Estado proviene del Ministerio de Hacienda.

Señalan posibles ilegalidades en proyecto de ley de cobros tributarios

Señalan posibles ilegalidades en proyecto de ley de cobros tributarios

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La Asamblea Legislativa mantiene una discusión sobre un proyecto de ley para cobros tributarios, así como un pliego de reformas en el Código Tributario y el Código Penal, con la finalidad de que ingrese al erario público, de forma expedita, lo que el Ministerio de Hacienda considere como deuda tributaria; además de las deudas en conceptos de multas administrativas e incluso las deudas por cobrar con el Seguro Social y hasta con las administradoras de Fondos de Pensiones.

Los grupos parlamentarios integrados en la comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa decidieron entregar el proyecto de ley a los diputados de la comisión de legislación y puntos constitucionales, con la finalidad de que la ley no tenga trabas de orden constitucional en caso de que sea aprobada. El lunes pasado, en una reunión conjunta, hacienda pasó el proyecto a legislación, y desde ese momento algunos diputados advirtieron sus posturas ante la moción.

En el caso de ARENA, sus diputados Ana Vilma de Escobar (hacienda) y Ricardo Velásquez Parker (legislación) indicaron que el proyecto normativo puede tener objeciones en leyes secundarias, como por ejemplo, con las atribuciones que se le estarían dando al Ministerio de Hacienda de hacer sus propios cobros ejecutivos, así como cobros persuasivos que pueden incluir embargos de bienes y hasta obviar la jurisdicción mercantil, en el afán de ingresar más fondos al Estado.

El FMLN, mientras tanto, expresa que el Gobierno debe buscar la forma de poder cobrar de manera más efectiva a los deudores del fisco, por lo que la ley y las reformas tienen ese objetivo y no se atenta contra la Constitución de la República.

Mientras el proyecto estuvo en la comisión de hacienda del congreso, hubo varios invitados por los diputados para que acudieran a expresar sus puntos de vista sobre el articulado. Uno de esos invitados fue la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).

El director ejecutivo de la ANEP, Javier Argueta, tiene en su despacho todavía el proyecto con las observaciones que se le hicieron en su momento. “El centro de toda la polémica de esto no es que cobren. Como ANEP hemos dicho: cobren. Pero entonces, ¿quién es el deudor? Hay tres clases de cobros: voluntario, persuasivo y ejecutivo. En la fase persuasiva, el funcionario de Hacienda tiene la potestad de embargar a quien sea, a quien supuestamente debe; esto pasa por inmovilizar cuentas, paralizar el 25 % de las utilidades de una empresa y absorberlas en sociedad. Hay nueve medidas cautelares y la última dice que se incluyen todas aquellas que no están contempladas. Es complicado”, dijo.

Argueta explica que se les advirtió a los diputados que, como está redactado el proyecto, estos cobros se harán sin necesidad de que hayan alcanzado grado de firmeza administrativa y judicial.

Es decir que, en materia de impuestos, aunque el supuesto deudor acuda al tribunal de apelaciones (una de las oficinas que se instalaría según el proyecto), la dirección de cobros (la otra oficina derivada de la normativa) va a poder hacer que los fondos lleguen a Hacienda.

“Porque, por ejemplo, si Hacienda me impuso a mí los impuestos, más la mora, más la multa, que me salen $200,000, pero en mis registros aparece que yo a Hacienda solo le debo $50,000, entonces aunque yo me vaya al tribunal de apelaciones para que revise mi caso, Hacienda siempre va a poder cobrar los $200,000”, comenta Argueta.

Por ello, para el abogado, el significado de la redacción del proyecto solicitado por el Ministerio de Hacienda a los diputados es que no importa que el ciudadano que considere injusto el monto del cobro de Hacienda se vaya a impugnar ante el tribunal de apelaciones o que acuda a la Sala de lo Contencioso Administrativo o a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), porque el ministerio va a poder siempre cobrar lo que a su juicio se le debe, ya sea mediante el cobro persuasivo, que incluye hasta embargo, y por el cobro ejecutivo.

Precisamente sobre el cobro ejecutivo que podría realizar el Ministerio de Hacienda, Argueta señaló que el contenido de la redacción del proyecto se torna más grave cuando se establece que el ministerio va a obviar los juicios mercantiles, sino que será la misma cartera de Estado la que se tomará las atribuciones de tribunal para ejercer el cobro ejecutivo.

“El ministerio va a notificar, va a ordenar el embargo, va a ejecutar el embargo y hasta podrá subastar lo embargado. Es decir, todo se hará desde lo administrativo. Entonces lo que les dijimos es que redacten el articulado de manera que estos cobros se hagan cuando ya haya un acto firme, es decir, cuando se venzan los plazos para las apelaciones o cuando se agoten todas las vías administrativas o así lo determine un tribunal o una sala, ya que el artículo 30 dice que se podrá hacer el cobro sin necesidad de que la deuda haya alcanzado firmeza judicial ni administrativa”, detalló el director jurídico de la ANEP.

La diputada Ana Vilma de Escobar comentó sobre el tema: “La agilización del proceso no debe darse saltando instancias de apelación que tiene el ciudadano y que la ley y la Constitución le dan, es decir, no se pueden violar las garantías constitucionales del ciudadano por apresurar el cobro, de la misma manera que yo no puedo meter presos a todos los que estaban cerca de donde ocurrió un robo sin antes haberlos investigado y haberles hecho un juicio”.

Mientras tanto, el diputado Rolando Mata, del FMLN, recordó que el proyecto también incluye pena con cárcel de seis meses a tres años a aquellos que retengan el IVA. “Hay millones del IVA que no lo entregan y eso no es del empresario o del retenedor, es el consumidor el que lo da para el fisco y, sin embargo, lo retienen, se quedan con él, esperan la prescripción y no la pagan”, comentó. Mata ha pedido a los diputados de ARENA que voten por la propuesta, pese a que a la fecha los areneros la aprecian con recelo.

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