Señalan retroceso en combate contra la corrupción en 2017

FUNDE presentó su balance al respecto, dicen que instituciones contraloras tienen un “estancamiento” que preocupa.
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Señalan retroceso en combate contra la corrupción en 2017

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La Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Capítulo Nacional de Transparencia Internacional, presentó su balance sobre el estado de la transparencia y del combate a la corrupción al término del año 2017, sus hallazgos no son alentadores.

De acuerdo con la fundación, el año 2017 ha estado marcado por el desvanecimiento de casos de investigaciones grandes o por el lento proceso de estas.

“Podemos expresar nuestra preocupación porque había un aflojamiento en los avances que veníamos teniendo en materia de control de la opacidad, el control de la corrupción”, aseguró el director ejecutivo de la FUNDE, Roberto Rubio.

Las instituciones contraloras como la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Corte de Cuentas de la República (CCR), el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) y de investigación del delito, como la Fiscalía General de la República (FGR), han tenido en el transcurso de este año “frenos” que les han obstaculizado su trabajo, según el balance.

“En la Fiscalía hemos visto cómo se han dado algunos casos, pero hasta ahora vemos muy poca judicialización y mucho menos condenas de los casos de corrupción”, continuó diciendo Rubio.

Por su parte, el representante del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador (ALAC), Jaime López, se refirió al estado del acceso a la información pública en el último año. Afirmó que se ha dado hechos que “indican un marcado retroceso en el ejercicio ciudadano de este derecho”.

El representante de ALAC habló específicamente a que el IAIP entre enero y agosto de este año recibió 241 casos de apelación, pero que durante esos meses solo hubo 29 audiencias orales, esto desemboca en que el instituto comience a generar mora de casos.

“Preocupa que los ciudadanos que acuden al instituto para hacer valer su derecho, en muchos casos deban esperar más de seis meses para que se programe la audiencia para que el pleno del instituto de pronuncie sobre la posible vulneración de este derecho”, declaró López.

Con lo anterior, los expertos consideraron que de entrada se viola el principio de prontitud que establece la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y que la información, en caso de que se entregue, no se haga en el momento oportuno.

En ese sentido, el coordinador del área de transparencia de FUNDE, Jiovanni Fuentes, expuso algunas recomendaciones para las instituciones que están encaminadas a agilizar los procesos y a superar los obstáculos que han tenido en este año.

Para el IAIP dijeron que es necesario que procure dar respuestas ágiles a la ciudadanía para no violentarle su derecho a la información. Para la Sección de Probidad y las demás salas de la CSJ, recomendaron que no sean obstáculos para que la ciudadanía acceda a información pública, esto implica, evitar fallar a favor de entes obligados a entregar información. A la FGR la llamaron a dotar de más presupuesto para no tener excusa y avanzar en las investigaciones.

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