Siete pandilleros condenados a 390 años de cárcel por masacre de Opico

La masacre por la que fueron condenados ocurrió el 3 de marzo del 2016 y tal fue la conmoción que generó el hecho que las autoridades decretaron un paquete de medidas extraordinarias contra los pandilleros recluidos en penales.
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Siete pandilleros condenados a 390 años de cárcel por masacre de Opico

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Los siete acusados por la masacre de once trabajadores cometida en el municipio de San Juan Opico el año pasado fueron condenados a 35 años de prisión por cada una de las víctimas, así como a cinco años por el delito de agrupaciones ilícitas, según el fallo emitido este mediodía por el Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador. Es decir que los imputados fueron condenados a 390 años de cárcel en total.

Los pandilleros enfrentaron el juicio en su contra -que finalizó ayer- desde un penal y por medio de una videoconferencia. La Fiscalía había pedido una condena de 330 años para cada uno de ellos.

El juez del caso decidió aumentar la pena tomando en cuenta la prueba pericial, ya que descartó el testimonio del criteriado denominado como "Islámico" por irregularidades en su declaración. De acuerdo con el juez, tres situaciones expuestas por el testigo generaron poca credibilidad en su testimonio.

La masacre por la que fueron condenados fue perpetrada a eso de las 11:00 de la mañana del 3 de marzo del 2016 en una zona rural jurisdicción del caserío Las Flores del cantón Agua Escondida.

Las víctimas fueron ocho empleados de una compañía eléctrica y tres jornaleros. Fueron encontradas maniatadas y boca abajo. Diez de ellos fueron asesinados con arma de fuego y uno con un corvo por llevar consigo un carnet de soldado, según el relato de “Islámico”, el testigo criteriado del caso que recibiría a cambio de la información beneficios judiciales en su proceso penal.

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Los ocho empleados en cuestión pertenecían a la empresa Energía y Suministros, subcontratada por la Empresa Distribuidora Eléctrica Salvadoreña (EDESAL) y habían viajado a la zona para hacer trabajos de instalación y distribución de energía; mientras que los tres agricultores se encontraban haciendo sus labores en la zona.

Además de los siete condenados hoy, dos menores de edad fueron condenados el 24 de octubre del año pasado a quince y cinco años de prisión en el centro de internamiento El Espino, en Ahuachapán.

Esta masacre fue el detonante por el que se implementaron las medidas extraordinarias aún vigentes desde el 1 de abril de 2016 que están dirigidas a cortar la comunicación entre los cabecillas recluídos en los penales y las estructuras en el exterior.
 
 

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