Siete temas que el país debe mejorar en la lucha contra la corrupción, según la OEA

Legislar sobre los mecanismos de contratación de personal, y normar la protección de ciudadanos que denuncian de buena fe la corrupción, son dos puntos.
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El Gobierno, la Corte de Cuentas de la República, y el Instituto de Acceso a la Información Pública, dieron a conocer esta mañana la evaluación de El Salvador en el marco de la Convención Interamericana contra la Corrupción a través de la quinta ronda del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), establecido por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Tras participar en dicha convención, la OEA estableció al menos siete aspectos que el país debe de mejorar en el combate contra la corrupción.

1. Legislar la plataforma de empleos públicos con la que el Ejecutivo ya cuenta y es importante que se implemente en todo el Estado un sistema de contratación de personal. También valorar las contrataciones que hace la Asamblea Legislativa, Corte de Cuentas, Órgano Judicial y Fiscalía General.

2. Legislar  la protección para los empleados y ciudadanos que denuncian de buena fe los actos de corrupción.

3. Que que el Ministerio de Hacienda cree una Unidad de Acceso a la Información Pública para la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública  (UNAC) y que rinda cuentas.

4. Incluir en el Código Penal los tipos penales descritos en los artículos de cohecho impropio y cohecho activo, ya que actualmente la dádiva o ventaja indebida es solo para el propio provecho de quien la solicita o quien la ofrece, no así para una segunda persona o entidad.

5. Revisar el artículo 39 del Código Penal para ampliar el concepto de funcionario público a aquellos particulares que prestan servicio público o administran fondos públicos.

6. Reforzar financieramente al IAIP y TEG para que implementen programas de ética e inducción.

7. Preparar plan de capacitación para que funcionarios  no entren a la función simplemente a recibir una plaza.


En el informe, la OEA también reconoce la implementación de la Ley de Acceso a la Información; el proyecto de la función pública, estancado en la Asamblea Legislativa; avance en contrataciones de bienes y servicios a través de la UNAC; el observatorio de compras públicas; el proceso de denuncias de forma anónima en el TEG; la promulgación de Ley de
Extinción de Dominio y de Lavado de Dinero, que ha permitido al Estado recuperar dinero malversado.

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