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Sin resolverse situación jurídica de Funes y familia

Resolución sobre 15 prófugos que no presentaron abogado en audiencia inicial podría entregarse el lunes próximo. Fiscalía tramitará extradición.
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Proceso. El caso pasará a instrucción donde la Fiscalía debe presentar la totalidad de las pruebas para comprobar el lavado.

Proceso. El caso pasará a instrucción donde la Fiscalía debe presentar la totalidad de las pruebas para comprobar el lavado.

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El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador sigue sin definir la situación jurídica de 15 prófugos que no presentaron representación legal en la audiencia inicial del caso Saqueo Público. En este caso, la Fiscalía General de la República (FGR) señala a una red de 32 personas de desviar $351 millones de cuentas públicas durante la administración del expresidente de la república Mauricio Funes, con el fin de lavar el dinero y despilfarrarlo en lujos.

Una fuente del juzgado explicó a este medio que el juez únicamente entregó esta semana un documento denominado auto de audiencia inicial en el que resuelve la situación jurídica únicamente de 17 imputados que designaron abogado. Para todos ellos, el juez decretó prisión preventiva.

Sin embargo, al cierre de esta nota, el juez no había resuelto la situación jurídica de los prófugos sin abogados; para quienes deberá resolver de acuerdo con lo planteado por la Fiscalía en la acusación presentada al juzgado. Los fiscales solicitaron la detención provisional para todos los imputados en el caso.

Entre los prófugos están el expresidente Funes; su actual pareja, Ada Mitchell Guzmán; quienes se encuentran asilados en Nicaragua. Además de la hermana de la ex primera dama, Christina Pignato; y su esposo, Tiago Vasconcelos; quienes supuestamente estarían en Brasil.

La Fiscalía ha solicitado la extradición de estas personas hacia El Salvador.

Una fuente judicial explicó a este medio que la Fiscalía necesita la resolución de la audiencia inicial para comenzar el trámite de extradición ante las instancias diplomáticas. Dicha solicitud deberá ser formalizada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y direccionada hacia cancillería y las embajadas de El Salvador en los países donde se encuentren las personas prófugas imputadas en el caso.

El retraso en el plazo de entrega de resolución inició desde el vencimiento del término de ley: el viernes 15 de junio. Fuentes de la Corte Suprema de Justicia han señalado que ese plazo corre para casos comunes y que es posible extralimitarse en el tiempo en casos voluminosos como es el del expresidente Funes.

El 5 de junio pasado, la Fiscalía giró las órdenes administrativas de captura contra 32 miembros de la estructura.

Durante el operativo, la Policía Nacional Civil (PNC) únicamente capturó a seis personas, entre ellas el empresario a quien la Fiscalía perfila como el principal gestor del lavado de dinero en la causa: Miguel Menéndez, conocido como “Mecafé”.

El fiscal general, Douglas Meléndez, denunció que tuvieron información relacionada con una de las personas con orden de captura que durante el procedimiento fue movida en una camioneta de Casa Presidencial. Meléndez también hizo público que los fiscales del Grupo contra la Impunidad (GCI) que participaron en la investigación del caso estaban siendo víctimas de seguimiento.

Varios días después del operativo, el exsecretario de Comunicaciones David Rivas decidió entregarse a las autoridades y enfrentar el proceso judicial en detención provisional.

El juez del caso también decretó la detención provisional en contra de la ex primera damaVanda Pignato. Esto a pesar de que la Fiscalía había solicitado medidas alternas a la detención para la funcionaria debido a un padecimiento de salud.

El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, confirmó recientemente que Pignato se encuentra custodiada por agentes de la PNC en un centro hospitalario.

Funes ha insistido, en mensajes escritos en Twitter, desde su autoasilo que la acusación de la Fiscalía obedece a una persecución política en su contra.

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