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¿Qué es la ley del servicio público a la que se oponen los sindicalistas que hoy cerraron la alameda Juan Pablo II en protesta?

Sindicalistas bloquearon el paso en ambos sentidos de la alameda Juan Pablo II en la zona del Centro de Gobierno en San Salvador en oposición al anteproyecto de ley del servicio público.
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Miembros de varios sindicatos del sector público bloquearon en la mañana de este jueves el paso en ambos sentidos de la alameda Juan Pablo II en la zona del centro de Gobierno en San Salvador.

Los sindicalistas protestan en contra de un anteproyecto de ley del servicio público que se mantiene en estudio desde hace años en la Asamblea Legislativa.

Ellos argumentan que esta ley terminaría con los derechos laborales de los trabajadores.

Sindicalistas del sector público bloquearon hoy la Alameda Juan Pablo II en San Salvador. Foto / @JoseCanjuRamos

La ley del servicio público

¿Qué es?

La ley del servicio público es una iniciativa que aún no ha sido aprobada por la Asamblea Legislativa y con la que se busca establecer una regulación para obligar a que las contrataciones del personal de las instituciones públicas sean basadas en la capacidad, el mérito y honestidad, con el fin de tener instituciones estatales cuyo servicio sea de calidad y un Estado más eficiente.

¿Qué busca?

El propósito de la ley es sentar las bases de una carrera administrativa, y exige calidad del talento humano que labore para el Estado. Desde 1961 se encuentra vigente la Ley de Servicio Civil, pero es considerada por muchos como obsoleta.

¿Qué exige?

La ley exigiría a todos los servidores públicos que ejerzan su función con objetividad, imparcialidad y ética. Así también, establece que debe haber una igualdad de trato y de oportunidades en la selección de personal, el desarrollo de la carrera y las condiciones de trabajo. Esto impediría que se den empleos por privilegios.

Además, exige una igualdad en la remuneración de los trabajos de igual valor, lo que impediría que algunos tengan un sueldo mayor por favores o compadrazgos. Además, los trabajadores públicos tendrían que "cumplir efectivamente" las tareas para las que fueron contratados, "evitando demoras o atrasos" que obstaculicen o impidan a la población accesar a servicios o derechos.

La ley ofrece "estabilidad laboral" para las personas de la carrera administrativa, lo que evitaría que estos sean despedidos con el cambio de administraciones y solamente serían separados de sus cargos mediante procedimientos establecidos en la ley. No prohíbe la libertad sindical ni negociación colectiva.

Por otra parte, exige a los servidores públicos que asistan con puntualidad a su trabajo así como rechazar dádivas regalos o regalías por cumplir con lo que les corresponde, y "atender al público en forma esmerada y eficiente", "guardándole respeto", entre otras cosas.

¿A quiénes se aplicaría?

"será aplicable a las servidoras y servidores públicos del Estado, excepto aquellas personas que se encuentren reguladas bajo una carrera específica establecida en leyes especiales como la carrera judicial, municipal, docente, policial, militar, diplomática, fiscal, entre otras".

Antecedentes

En 2012 se comenzó a trabajar un anteproyecto de Ley de la Función pública que fue ampliamente discutido y consultado con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que determinó que se respetaban los derechos laborales. Sin embargo, el anteproyecto quedó estancado en la Asamblea Legislativa.

En agosto del 2016 se comenzó la elaboración de un segundo borrador, en el que se le cambió el nombre a ley del servicio público. Este fue presentado a la Asamblea Legislativa de manera formal por el Ministerio de Gobernación en diciembre del 2017 y se le dio iniciativa de ley.

El equipo impulsor de esta reforma está integrado por organizaciones, la academia, asociaciones de abogados, centros de pensamiento, entre otros.

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