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Sindicalistas exigen a Corte Suprema acatar medidas por COVID-19

Un grupo de empleados judiciales protestó hoy en los tribunales de San Salvador para pedir que la Corte Suprema de Justicia dote de mayores recursos para la prevención de la COVID-19. 

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El Sindicato de Empleadas y Empleados Judiciales de El Salvador (SEJES) protestó esta mañana en el Centro Judicial Isidro Menéndez, de San Salvador, para exigir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que tomen mayores medidas de prevención frente a la pandemia del nuevo coronavirus, que afecta a más de 150 países.

"No han dotado de recursos a los trabajadores y en especial a los del área jurisdiccional. No les han dado guantes ni mascarillas ni alcohol gel y las audiencias se siguen celebrando sin medidas de protección. Se siguen traslando reos, seguimos recibiendo fiscales, procuradores, testigos", dijo hoy Staley Quinteros, secretario general del SEJES.

Desde la semana pasada, la Corte Suprema de Justicia (CJS) dispuso que los tribunales del país sigan con su trabajo normal a pesar de la emergencia nacional por la propagación de la COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus que hasta hoy a las 11:30 de la mañana había provocado 211,853 contagios en el mundo, de los cuales 83,188 están recuperados y 8,724 murieron, según la Universidad Johns Hopkins, de Estados Unidos. 

El Órgano Judicial ha decidido tomar algunas medidas para la prevención de la enfermedad, como colocar dispensadores de alcohol en gel y jabón en varios sectores de los juzgados capitalinos o anular la marcación digital para evitar contagios. También prohibió que trabajen embarazadas y personas mayores de 60 años o con enfermedades crónicas. 

Pero se rehúsa a suspender labores y los trabajadores dicen que las medidas son insuficientes. "Pedimos a las autoridades que se pronuncien verdaderamente y que acaten las recomendaciones preventivas que está haciendo el Ejecutivo. Aquí no se pongan a pelear con el Ejecutivo, no estén peleando revanchismo", dijo un vocero sindical en la protesta. 

Ayer, empleados del centro judicial de San Salvador confirmaron a LA PRENSA GRÁFICA que continúan dando servicios normales como cualquier otro día, aunque tienen que suspender algunas audiencias porque la Dirección General de Centros Penales decretó emergencia sanitaria en las cárceles y no está trasladando a los reos a las diligencias.

La Asamblea Legislativa aprobó el sábado pasado un estado de emergencia nacional por 30 días que, en su artículo 9, congela los plazos judiciales para las sedes que se vean afectadas por el decreto legislativo. Hasta la fecha, el Gobierno no confirma ningún caso positivo de COVID-19 en El Salvador.

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